Juan Cuvi

Inutilidad del Estado

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Jueves 08 de septiembre 2011
8 de September de 2011 00:02

Las repercusiones de una economía mundial descontrolada se parecen al kikuyo: rebrotan cada vez que se las da por eliminadas. Los anuncios hechos por la Presidenta del FMI, a propósito de la inminencia de una nueva recesión, son refutados por los gerentes de los principales bancos europeos. El desacuerdo es patético.

Simultáneamente, varios millonarios de países industrializados exigen al Estado mayores impuestos a sus propias fortunas, con el fin de aliviar la grave crisis de deuda pública de sus respectivos países. Sería de Ripley si no fuera porque más que a sensibilidad, la petición huele a desesperación. No obstante, la principal limitación radica en solicitar la intervención de una instancia imposibilitada para tomar decisiones efectivas.

Hoy el mundo experimenta el fenómeno de la inutilidad de los Estados nacionales en el ámbito de la economía. Hay que recuperar el brillante análisis sobre la crisis del sistema que anticipó Zygmunt Bauman a fines del siglo pasado. “Perdida la capacidad de equilibrar las cuentas, guiados solo por los intereses expresados políticamente por la población dentro de su área de soberanía, los Estados nacionales se convierten cada vez más en ejecutores y plenipotenciarios de fuerzas sobre las cuales no tienen la menor esperanza de ejercer algún control”, afirma el célebre pensador polaco en su libro La globalización (Fondo de Cultura Económica, 2010).

La extrema liberalización de los mercados, así como la incontenible movilidad del capital financiero global, relevan de toda trascendencia a las decisiones supuestamente soberanas de los ministerios de economía, sobre todo en países pobres y pequeños (no resulta casual el anonimato de nuestro ministro del ramo, dedicado más a las cuentas que a la política económica). En este contexto, la función de los Estados nacionales queda reducida al control de las reacciones sociales –los efectos secundarios– que provoca la acción de la economía transnacional. El Estado se convierte en una especie de agencia de seguridad de grandes negocios mundiales, un eficaz facilitador de inversión extranjera. Cuenta con un poder represivo básico, que le permite actuar como regulador de conflictos internos.

El empecinamiento del Gobierno en aprobar de manera expedita la explotación minera a gran escala se enmarca dentro de esta lógica del gran capital. A la “generosa” inversión de las empresas mineras debe corresponderle una política nacional que les garantice seguridad. Esto, en buen romance, implica neutralizar todo tipo de protesta que obstaculice estos jugosos negocios. La criminalización de la lucha social es, en ese sentido, nuestra contraparte jurídico-política a los intereses transnacionales.