La división de los poderes del Estado fundamenta el derecho más trascendente de la democracia. Su irrespeto es consecuencia de afanes dictatoriales de una persona o de un grupo. Esas intenciones se patentizaron en la expresión “voy a meter la mano en la justicia” pronunciada por el gobernante anterior. La opinión pública se sorprendía por el curso que seguían muchos procesos judiciales que concluían en sentencias absurdamente parcializadas e injustas.
Los litigantes amparados por el presidente o sus coidearios, siempre salían airosos y, por inocentes que hubiesen sido los contendientes, se constituían en culpables de delitos que no habían cometido.
La balanza que pende de la mano de la alegórica Dama de la Justicia, cedió al peso de la vanidad y de la ambición absolutista del poder. Ciegos en su prepotencia no concienciaron los perjuicios y tragedias que generaron con los dictámenes injustos.
Abundaron las sentencias vergonzantes y absurdas, entre ellas las emitidas a administradores y médicos de una clínica de alto prestigio, con más de 60 años de funcionamiento, por atender a una ciudadana extranjera víctima de un sangriento asalto, en el que le produjeron heridas mortales que, sin embargo, no detuvieron la vocación ni la entrega de un excelente cirujano joven que, con su habilidad y ciencia, se esforzó por rescatar la vida que se extinguía por la severidad de las heridas criminales. Pese al esfuerzo del médico, la paciente crítica no soportó la intervención y falleció.
El gerente de la clínica estaba fuera de la ciudad, desconocía lo que ocurría. Tres testigos presenciales certificaron que la señorita fue atendida. A pesar de ello, el padre de la fallecida inició un juicio contra el gerente, el cirujano y la clínica. Inicialmente fueron sobreseídos todos; pero se constituyó una estructura diplomática, política y legal que logró la reapertura del caso para llegar a sentenciar al cirujano con infamante prisión y al gerente con una muy alta indemnización, determinada sin ninguna tabulación ni parámetros que la sustentaran.
Trescientos treinta empleados y trescientos médicos perdieron su trabajo, la clínica se cerró y los archivos de la doctora Pamela Martínez, asesora del expresidente, muestran la comunicación constante para alcanzar las sentencias, que por dignidad y homenaje a la justicia deben ser revisadas.
La justicia intervenida no respeta a la verdad ni a la ética, no duda en llegar al sacrificio de instituciones, de profesionales y de trabajadores nacionales para satisfacer compromisos políticos, diplomáticos o de cualquier otra índole.
Respiramos aromas de una justicia en recuperación. Ojalá por la dignidad de la patria, aquellos jueces que fueron manipulados y se alinearon sumisos a la prepotencia, devuelvan el equilibrio de sus dictámenes y con él, el honor a un poder que ha sido mancillado en los últimos años y que es el encargado de sancionar el incumplimiento de los otros poderes del Estado.