Los intereses personales y de grupo han sido la única razón que inspiró a los asambleístas en las recientes decisiones de la Asamblea Legislativa.
Los 99 votos que aprobaron la amnistía para 280 ciudadanos, es la muestra más evidente de la prostitución de la actividad de la Asamblea. El interés nacional fue dejado de lado para dar paso a los apetitos politiqueros y la búsqueda desesperada de la impunidad y la no devolución de lo mal habido. Porque la amnistía, que fue otorgada en bloque a personas cuya situación legal es radicalmente distinta, pues incluye mineros ilegales, invasores de tierras, secuestradores, autores de delitos sexuales, incendiarios, destructores de bienes públicos, hasta funcionarios públicos que mal utilizaron bienes y recursos estatales para provocar el descalabro institucional. Evidentemente es parte de una estrategia de toma del poder para satisfacer sus protervos apetitos.
Pero más allá de la vulneración grosera de las normas que prohíben conceder amnistías a personas involucradas en delitos comunes, Quito no podrá olvidar a quienes destruyeron calles, plazas y edificios en 10 días de terror y angustia, le sometieron al vandalaje y la violencia, amedrentaron a los ciudadanos y los encerraron ante el temor de ser saqueados y victimados por hordas descontroladas y azuzadas por sus dirigentes. Ni tampoco perdonará a los 99 aprobadores de este agravio a la razón, la ley y la democracia.
La inopia intelectual y moral de los autores del informe para la amnistía llega a afirmar que quienes incendiaron la Contraloría no conocían que en ese edificio funcionaba ese organismo, ni que se guardaban documentos sobre la corrupción que asoló al país por más de 10 años. O que, por tratarse de una marcha liderada por indígenas no les aplica la ley común, y que, por tanto, los desmanes y atropellos están justificados por la cultura de su etnia. Basta de destruir el futuro del país.