He oído que los nuevos integrantes del inefable Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (¡vaya nombrecito!), después de las demoras del Tribunal Contencioso Electoral, han recibido ya los documentos con los cuales el Consejo Nacional Electoral les acredita para el ejercicio de sus cargos, aunque no pueden hacerlo porque la Asamblea Nacional no les ha posesionado todavía. ¡Qué maravilla! Esto se llama institucionalidad de la “revolución ciudadana”: en tan pocas líneas ya van cuatro entidades y ninguna efectividad.
Los entendidos sonreirán con cierta condescendencia y pensarán que el viejito no entiende que la Constitución ha dispuesto esto, ni que la Ley de la Democracia ha agregado aquello, ni que la Ley del Embudo ha decidido acullá. Así es: no entiendo. Y como soy viejito me acuerdo de lo que los entendidos nunca aprendieron.
En sus Annales, Cornelius Tacitus escribió: “Corruptissima republica, plurimæ leges”, que podría traducirse así: “Los estados más corruptos son los que más leyes tienen”. Y así es.
Los entendidos de hoy, que con frecuencia ostentan diplomas de especialidades, maestrías y doctorados, sonríen nuevamente y dicen que la venerable sabiduría de los antiguos ya es obsoleta. Creo recordar, en efecto, que, en los eufóricos días de Montecristi, algún iluminado asambleísta de la flamante “revolución” declaró que también Montesquieu es obsoleto, y que la nueva constitución que se estaba fraguando lo superaba absolutamente, pues había inventado (o copiado) la teoría de un estado con cinco funciones en lugar de tres. Puesto que cinco es más que tres, quedaba demostrado que la “revolución ciudadana” superaba a Montesquieu. (¡!) Lo que aquel iluminado no sabía es que en “El espíritu de las leyes”, Montesquieu había escrito que cada pueblo tiene el conjunto de leyes que conviene a su naturaleza y a su altitud histórica, y que el ideal que debe perseguir el estado consiste en alcanzar la máxima libertad posible dentro de las condiciones naturales e históricas en que vive un pueblo. Lo cual, claro, fue “superado” por la r.c.
La pregunta que ahora puedo dirigir a los entendidos, y también a los nuevos miembros del Cpccs, es la siguiente: ¿qué condiciones históricas o naturales pueden explicar que la intervención activa de la sociedad en la vida del Estado sea sustituida por las expeditas o remolonas ocurrencias de siete caballeros ilustres o desconocidos, o quizá ilustres desconocidos?
Como ya sé la respuesta, apoyo decididamente la iniciativa de suprimir el Cpccs, y crear un Senado que no solo asuma sus funciones de nominación, sino además la de revisar, en discusión de segunda instancia, las leyes que aprueba la Asamblea. Ojalá así tengamos menos leyes y más decencia. Respeto a los nuevos integrantes del Consejo de Participación y no tengo nada contra ellos, porque no les conozco; espero que la próxima vez se postulen para funciones que sirvan para algo.