Las instituciones -como muestra la historia- son fundamentales en el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida individuales y colectivas de los pueblos, ellas permiten un trato indiscriminado e igualitario a todos los miembros de una sociedad, independientemente de su raza, ideología, credo, estado civil, etc.
La calidad institucional de un país se refleja en los indicadores económicos y de desarrollo social. Instituciones fuertes, organizadas, técnicas, probas, son sinónimo de crecimiento, su debilitamiento conlleva a la inseguridad jurídica, rompe las expectativas racionales para invertir y producir, vulnera los derechos humanos básicos y lesiona el buen ambiente para la convivencia misma, con resultados socialmente adversos, como el desempleo, la inseguridad y la desconfianza.
Vivimos la sociedad del conocimiento y la libertad, el mundo entero lo reconoce y se ufana de aquello, con excepciones vergonzosas como Cuba, Corea del Norte, China y algunos países del Oriente Medio.
Hoy en día las personas podemos elegir nuestras actividades, trabajar libremente, tomar decisiones, de alguna manera elegir nuestro destino; sin embargo, América Latina sufre duras agresiones populistas, de libertad de expresión y conculcación de derechos humanos, provenientes de sus gobiernos regionales, varios de los cuales han aumentado su poder basados no precisamente en la constitución y las leyes.
En el Ecuador, casos como el de El Universo, El Gran Hermano, las contramarchas convocadas por el Gobierno, demuestran en forma categórica, que no existe la primordial independencia de poderes, el respeto a la libertad de pensamiento, una democracia en sentido pleno.
La institucionalidad se desmorona de manera impresionante y sus resultados son desconfianza y miedo en una población dividida y enfrentada cada día más.
Defender la institucionalidad es una obligación ética, como sujetos activos en la promoción y desarrollo del Ecuador, velar por el cumplimiento de las reglas formales que deben regir las interacciones humanas.
Alejados de la barbarie que creímos superada hace muchos años en el país, salvaguardar la constitución y los derechos que universalmente nos asisten.
Nos corresponde, en honor a la libertad conseguida el 10 de agosto de 1809, rechazar la descomposición de instituciones esenciales, creadas para garantizar un estado de derecho, democrático, desterrar la corrupción y propender a la transparencia y pulcritud en el manejo de los recursos públicos, que nos aseguren el logro del buen vivir, más allá del concepto teórico.