La soberanía, para la Asamblea Nacional, se mide con doble vara. El Legislativo rechaza la violencia que viven los civiles en África, Europa y Oriente Medio. Pero al mismo tiempo, parecería justificar la deportación de los legisladores Cynthia Viteri y Henry Cucalón (MdG), desde Venezuela.
Fue insólito. Ambos asambleístas fueron deportados desde ese país, tras una serie de visitas a actores políticos de la disidencia. Pero el congreso ecuatoriano cree que tal acto merece el absoluto “respeto a las decisiones soberanas de la República Bolivariana de Venezuela”.
En un comunicado difundido el mismo viernes de la deportación (sin la consulta al Pleno) el Parlamento aclaró que el viaje no fue una visita oficial, puesto que no se realizaba en ejercicio de sus funciones parlamentarias. No reparó, sin embargo, en que hubo una evidente violación de los derechos de libre circulación de los legisladores, quienes podían mantener reuniones con quienes estimaran pertinente,
en el marco de la ley.
Pero en Venezuela, todo es posible: incluso que una visita pública a Leopoldo López, considerado por diversos organismos nacionales e internacionales el preso político más celebre del régimen, se convirtiera en una actividad desestabilizadora. Una acción digna de regímenes autoritarios.
El comunicado del Legislativo ecuatoriano también evidencia el sesgo político de la bancada oficialista, que no ha tomado distancia de la posición del Gobierno, abiertamente declarado aliado del régimen chavista de Nicolás Maduro.
Incluso el Ejecutivo, a través de la Cancillería, fue más cauto. Expresó su preocupación por el “incidente” y se dirigió al gobierno venezolano para solicitarle que se garanticen los derechos de los ecuatorianos.
Así, la Asamblea, específicamente la bancada oficialista, muestra su faceta más militante, alejada de su rol de un poder independiente. Incapaz de defender a sus integrantes en el marco del respeto a la Constitución y la Ley, más allá de sus diferencias ideológicas.