Tras el estallido de un coche bomba el pasado 27 de enero en un destacamento de la Policía en San Lorenzo, así como de otros ataques perpetrados por grupos irregulares en contra de policías y militares en las localidades de Borbón, Alto Tambo y Mataje en la provincia de Esmeraldas, la situación de inseguridad en la frontera norte se está volviendo muy preocupante.
Y aunque el despliegue de efectivos de la policía y FF.AA. en la zona ha aumentado luego de la declaratoria de estado de excepción, parecería que es insuficiente.
Desde hace mucho tiempo atrás se conoce que en las localidades fronterizas de San Lorenzo, Mataje, Guadalito, El Pan y Borbón operan bandas criminales, narcotraficantes y ex guerrilleros. Para ser más precisos, ha sido una zona controlada por estos grupos sin que exista mayor presencia y control del Estado. Por esta razón, en lugar de haber existido un repliegue de estos grupos luego de la declaratoria de estado de excepción, al contrario, sus acciones han aumentado. Como queriendo amedrentar a las fuerzas del orden.
Sí, lo que ahora estamos viviendo es consecuencia de la poca presencia del Estado en la zona pero sobre todo de la inexistencia de una estrategia nacional para combatir de manera efectiva a estas bandas criminales. Algo que se sabía iba a ocurrir luego del postconflicto colombiano.
La dejación de las armas por parte de las FARC ha provocado que los territorios que antes eran controlados por este grupo guerrillero sean ahora ocupados por grupos irregulares vinculados principalmente con el narcotráfico. Una de las principales zonas de producción de cocaína en Colombia (departamento de Nariño) está justo al otro lado de la frontera. Existe actualmente allí cerca de 30 mil hectáreas destinadas a la producción de hoja de coca. Por ello, la presión por sacar y colocar la droga producida de estas plantaciones es grande.
La situación se vuelva aún más compleja cuando se toma en cuenta que, si antes estas actividades ilícitas eran controladas el Frente 29 de las FARC, ahora hay una multiplicidad de bandas y grupos criminales que quieren consolidarse. Por consiguiente, esto hace más difícil el combate, neutralización y control de parte de las fuerzas del orden.
Incluso podría afirmarse que los escenarios de inseguridad pueden ser más críticos cuando se toma en cuenta que el proceso de paz emprendido por el presidente colombiano Juan Manuel Santos no avanza como se había esperado en un inicio. Me refiero especialmente a los aspectos de reforma rural integral, justicia transicional e, incluso, participación política.
Esto hace suponer que una parte de los ex guerrilleros de las FARC podrían volver a las armas. Si no hay una reacción contundente del gobierno ecuatoriano, tomando en cuenta todos estos factores que convergen en la frontera con Colombia, la inseguridad y violencia se va a incrementar. ¡Menudo desafío para el presidente Moreno!