Abelardo Pachano

Inquietudes Nacionales

1.- ¿Qué alternativas puede considerar el gobierno para el manejo del precio de combustibles en el país, sin liberar los precios pero sin aumentar subsidios?

Estos subsidios son una distorsión tremendamente dañina para una buena política pública que busca atender con prioridad las necesidades sociales y colectivas, entre las cuales se destaca precisamente la de evitar daños ambientales que están muy cerca de ser irreparables. Evidentemente, este tipo de políticas destructivas del ambiente han llevado al mundo a ponerlas en la gran vitrina de los temas que agobian y amenazan hasta la propia supervivencia de los seres humanos. Por lo tanto, todo lo que se haga para mantenerlos y peor aumentarlos se los califica como atentatorios a la salud colectiva. En términos sencillos: los subsidios a los combustibles son veneno diseñado para suicidarse en grupo.

No hay otro camino que buscar fuentes sustitutivas de energía a las extractivas, conocidas como limpias y, eso significa penalizar el consumo de todo tipo de derivado del petróleo con lo que hoy se denomina el “impuesto al carbono”, que en otras palabras significa no sólo eliminarlos sino recargar los precios para convertir en atractivas a las energías limpias, a fin de que ocupen su lugar y primordialmente preserven las condiciones de vida humana en el planeta. Obviamente, en este proceso, el Estado debe encontrar medios para cubrir los efectos perniciosos en las clases sociales que requieren atención, pero que son inevitables.

En muchas partes del mundo proliferan las decisiones para eliminar estos carburantes. Un ejemplo son las limitaciones a la producción de vehículos a combustión hasta su eliminación en pocos años. Los que van por este camino no están locos sino que saben el destino fatal de no enfrentarlos.

Por otro lado, estos subsidios ya le han costado algunas decenas de miles de millones al presupuesto nacional cuyo destino no ha traído beneficio alguno; pero, que bien habrían permitido destinarlos a programas sociales que mitiguen los daños irreversibles producto de la desatención al desarrollo biológico e intelectual de sectores marginales, las cuales quedaron a la deriva de su destino en sus primeros años de vida sin alimentación, salud y educación vitales, convirtiéndolas en enemigos frente a una sociedad que premia la formación integral del ser humano. Por lo tanto, debe quedar claro que estos subsidios son el enemigo de las responsabilidades fundamentales del Estado frente a la sociedad.

2.- Con la apertura del catastro minero, ¿cuál es el panorama para aumentar las inversiones e iniciar proyectos de exploración en el país?

Debería ser un factor multiplicador del interés en el desarrollo del sector. Las informaciones sobre las potencialidades son atractivas y para su concreción es indispensable tener claras las reglas de juego relativas al cuidado del ambiente, a la no contaminación del agua, a la reparación de daños, en fin a la generación de políticas de producción responsables, con una supervisión pública profesional y con apoyo de organismos internacionales que aseguren su cumplimiento. En definitiva, marco legal que se respeta y obligaciones que se atienden.

Existen protocolos internacionales que precisamente responden a estos principios y vuelven compatible a la política económica con el cuidado de las necesidades ambientales.

3.- La Conaie pide un control de precios, pese a que la inflación en el país es poca comparada a otros de la región. ¿Cuán eficaz es este método?

Es la receta que castra la generación de empleo. Ahuyenta la inversión. Concentra producción y amplía el campo de los monopolios en lugar de privilegiar la eficiencia, la competencia y con ellas mejores productos y a precios más adecuados. Ningún país en el mundo ha progresado con este tipo de políticas económicas. En cambio, sí existen ejemplos de países exitosos en controlar los precios, promoviendo la competencia, que es el peor enemigo del acaparamiento, el abuso, la corrupción, los mercados negros, que son los parientes cercanos de sistemas fijados políticamente.