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1. ¿Con la reforma tributaria enviada, cuánto se puede llegar a recaudar? ¿Se reforma lo más importante?
En general es una reforma que contiene modificaciones de fondo como la eliminación del anticipo al impuesto a la renta, que fue introducido hace muchos años. Reducción de aranceles a los productos tecnológicos. Baja del 50% del ISD (al 2,5%) a las importaciones de materias primas, insumos y bienes de capital (la lista será precisada por el organismo pertinente). Disminución del impuesto a la renta a las exportaciones de banano (se corrige una duplicación introducida por el gobierno anterior). Oferta de una tasa fija (de 1% hasta el 2% de las ventas) como impuesto a la renta de las actividades agropecuarias (incluye exportaciones).
Por otro lado, grava (entre el 0,1% y el 0,2% anual de las ventas registradas en el año 2018) a las empresas con más de un millón de dólares de ingresos durante los años 2020-2021-2022. Elimina las deducciones para quienes tienen una renta gravable superior a los 100 000 dólares. Pago del IVA a los servicios digitales y las tarjetas de crédito serán agentes de retención. Crea un impuesto a la regularización tributaria que busca atraer retorno de capitales (?), entre los cambios más relevantes.
La recaudación estimada por el gobierno es de un poco más de 700 millones anuales a partir del 2020, monto demasiado optimista, especialmente en lo relativo al efecto que podría ocasionarse en la repatriación de capitales.
Hay una mejor configuración de la política tributaria, a pesar de lo cual persisten inconsistencias que la vuelven poco sólida y de muy difícil interpretación. Queda pendiente tareas de limpieza como la eliminación de lo que queda del ISD (que ahora tiene muchas excepciones, tratamientos preferentes y carga completa, según el tipo de operación con el exterior).
Comentario particular merece la exoneración de ciertos agentes de retención de impuestos, especialmente vinculados con actividades de dimensión reducida (pymes, microempresas), que abre un orificio en la generalidad de este procedimiento de control tributario que, con seguridad será magnificado por los reconocidos evasores de siempre. Si lo que se quiere es aliviar el problema de la retención, lo recomendable es bajar la tasa, pero no eliminarla. Igual criterio aplica a la ampliación semestral de declaración del IVA. Si quieren háganla por trimestre.
La opción de tasas fijas de tributación (sobre los ingresos) como alternativa al impuesto a la renta, desfigura el tributo, en especial para empresas que tienen una organización formal. Es cierto que su introducción simplifica el control, pero rompe el concepto.
Finalmente, la reforma aumenta la carga tributaria (en una parte sólo por tres años), y no contiene modificaciones en otros campos como el laboral para paliar la pérdida de competitividad e incentivar niveles de productividad superiores.
2. ¿Qué viabilidad política tiene este proyecto en la Asamblea?
No parece tener resistencias fuertes que puedan comprometer su tratamiento y aprobación. Habrá cambios, sin duda, como ocurre con regularidad, pero los temas no son álgidos ni crean urticaria en la sensibilidad (utilitaria) del capital político de los legisladores o sus movimientos políticos, que siempre miran (aunque no todos, para fortuna nacional) no más allá de sus narices.
Las reintroducción de las reglas macro-fiscales son muy buenas. El país recupera un conjunto de instrumentos que los perdió allá por los años 2007-2008, cuando en una euforia de liberalidad fiscal (derroche y latrocinio) se enterraron las que con mucho sacrificio se las logró aprobar a inicios del siglo. Crean un marco de mayor disciplina en el gasto. Pone techos y límites generales incluso para los gobiernos descentralizados (que ojalá no los desfiguren en la Asamblea) pues convienen para el buen gobierno público nacional. Se obliga a mayor transparencia (que ojalá también se cumpla).
3. ¿Cuál es su punto de vista sobre dotarle al Banco Central de nuevos atributos y quitarle influencia al ejecutivo en el BCE?
La recuperación de la autonomía técnica, operativa y financiera del Banco Central es uno de los más importantes elementos de la re configuración institucional pública. Lamentablemente, la Constitución del 2008 (entre las tantas deformaciones que introdujo, destrozó a esta institución y la puso bajo el control directo del ejecutivo), no permite llevar esta aspiración a un plano de realización seguro y completo.
El proyecto reduce la incidencia de la Presidencia, pero no la elimina, pues los directores son nominados directamente y habrá que ver si su término (seis años) es respetado, cuando el presidencial es de cuatro. En cualquier caso, si se consigue blindar a los directores del avatar político y se los nomina por méritos profesionales, la propuesta es muy recomendable.
El segundo comentario de fondo es la configuración de dos directorios (una Junta de Regulación y un Directorio del Banco Central) encargados de la definición de políticas financieras (cada uno de cinco miembros) con funciones muy parecidas que, en la práctica, conociendo la idiosincrasia burocrática, van a ocasionar con una muy alta probabilidad de ocurrencia, conflictos de gobernabilidad de las políticas bajo su jurisdicción. No se aprecia la conveniencia de esta arquitectura (que duplica además los departamentos técnicos), cuando lo más lógico sería tener un solo cuerpo directivo (bien configurado) con un espectro completo de funciones, responsabilidades de todo el ámbito que requiere la política especializada en este delicado campo de regulación económica.