26 de February de 2011 00:00

Inquietudes nacionales

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Abelardo Pachano

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1. ¿Cómo deben planificar sus procesos productivos los exportadores afectados sin la Atpdea para no perder el mercado norteamericano?

No es un tema sencillo, uniforme, con una solución inmediata. Tampoco depende solo de la capacidad de mejoramiento en la eficiencia y productividad nacional. Es una situación en la cual otros países y productores se encuentran con un “regalo” otorgado en la forma de una ventaja comercial por la política económica del Ecuador.

El margen arancelario, impuesto por la ausencia de la Atpdea, que oscila entre el 3 y el 14% puede ser el detonante para ciertas actividades y empresas. Los competidores afincados en países cuyos gobiernos negociaron TLC van a aprovechar al máximo esta circunstancia. Utilizarán estos recargos establecidos sobre los productos ecuatorianos para afianzar su ventaja y desplazarlos.

Obviamente no todas las empresas ecuatorianas van a perder. Algunas tienen margen para defenderse. Otras buscarán nuevos mercados, pero necesitan tiempo y recursos. No faltarán aquellas que tratarán de encontrar productos distintos, en los cuales esta autodiscriminación pueda ser manejable. Lo cierto es que habrá daños ineludibles en empleo y producción más la pérdida de dinamismo en la explotación de oportunidades futuras. El país puede quedarse sin socio en el mercado internacional más grande del mundo. Estar a “la sombra de Colombia” para seguir disfrutando de los beneficios de la Atpdea, es una política sin horizonte. Social y económicamente muy costosa.

Pensar en compensación con líneas de crédito preferenciales es desconocer las raíces del problema. No es un tema de liquidez. Afecta la viabilidad de las empresas al poner en jaque la rentabilidad de estas inversiones. Otorgar créditos sobre estas premisas es simplemente construir una cartera de difícil recuperación. Tampoco se resuelve con subsidios, que demás de injustificables y estar prohibidos en los acuerdos internacionales, se convierten en el hecho confirmador de los daños ocasionados por la política económica.

2. ¿A su juicio, cómo marchan las negociaciones comerciales con la Unión Europea y otros bloques ?

Entre estancadas o por mal camino. En esta semana el Gobierno ha desbloqueado las conversaciones con la UE, pero no se conoce con exactitud la posición nacional ni la postura que tendrá el grupo europeo. Existen demasiados temas pendientes, algunos derivados de la Constitución de Montecristi, cuyo desenlace no luce promisorio. Las declaraciones de la Embajadora de Inglaterra son elocuentes: no hay ilusión ni alegría. Más bien se aprecia cierto pesimismo. Y no le falta razón. Además, el tiempo apremia. Colombia y Perú están listos para la firma del TLC europeo y en este año concluye el Sistema de Preferencias Arancelarias de la UE. No se conoce de negociaciones con otros bloques importantes.

El país carece de una política internacional que aproveche las oportunidades de un mundo necesitado de muchos productos, algunos básicos y bien remunerados, otros procesados. La integración de los mercados sigue una ruta de apertura consistente, sustentada en el aparecimiento de nuevos consumidores extraídos de su pobreza y marginación con políticas económicas balanceadas y perseverantes. Este nuevo mundo necesita proveedores seguros y esa necesidad no la visualiza la política económica en vigencia. El país está descarrilado.

3. ¿Qué implicaciones tiene la pregunta 3 del referendo que prohíbe a accionistas y directores de las instituciones del sistema financiero privado y de los medios tener acciones en empresas de otras actividades? ¿Dónde hay una norma parecida?

No conozco ningún antecedente similar. Es una restricción económica que además de ser inconstitucional por su carácter discriminatorio y odioso hacia un grupo de empresarios cuya única razón es la de haber invertido en estas actividades, busca excluirles del sistema económico y confinarles a mantener sus inversiones en una de estas dos actividades privadas.

Con la Ley Trole I ya se prohibió todo tipo de relación económica de las instituciones financieras privadas con personas y empresas vinculadas. Ahora, se pretende que los accionistas y directores no tengan otras actividades económicas y se dediquen solo a la actividad financiera. Y eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Igual pretenden hacer con los accionistas de los medios de comunicación. El efecto será la concentración de accionistas, el debilitamiento de los mecanismos de capitalización por la limitación de quienes pueden invertir en medios o bancos, el deterioro de la calidad de los directorios con su secuela en la calidad y seguridad de las instituciones, finalmente la pérdida de vitalidad y capacidad de crecimiento con su impacto en la concesión de créditos futuros.

La propuesta conspira con los principios que el propio Gobierno dice impulsar: aplicar las normas del Buen Gobierno Corporativo. Se debilita al sistema financiero, se atenta a la economía de los medios de comunicación y a cambio no se consigue nada relevante, pues no hay relación entre medios y entidades financieras ni existen operaciones vinculadas.

Si se aprueba, muchos accionistas de medios y del sistema financiero tendrán que vender sus acciones y ahí se verá el daño ocasionado, pues no habrá muchos interesados en adquirirlas. Un país con medios privados débiles y arrinconados camina hacia la pérdida de sus libertades.

4. ¿Qué opina de la pregunta de la consulta que busca tipificar como infracción penal la no afiliación al Seguro, qué implicaciones económicas e impactos sociales tiene?

Desproporcionada. No guarda ninguna relación entre la infracción y la sanción. Es una desnaturalización de los principios que deben gobernar un sistema social y jurídico equilibrado de derechos y obligaciones. Ya no están conformes con las multas o la coactiva -que pueden llegar a embargo- para obligar al cumplimiento de la afiliación. Ahora buscan incorporar una figura penal -cárcel- para aquellas personas y empresas -representantes legales- morosas.

Si el sistema de pensiones fuera bueno, ofreciera servicios adecuados, respetara los derechos de los afiliados, tendría transparencia, reglas claras, no habría necesidad de estas normas punitivas. Las personas encontrarían los incentivos para afiliarse. Ahora lo hacen a la fuerza porque los beneficios no guardan proporción con los aportes.

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