Inquietudes nacionales

1. ¿Qué expectativas tienen los sectores económicos de las reformas laborales y la reacción de los sectores sociales?

Uno de los pilares sustantivos de la política económica que tiene peso en las decisiones de inversión es la política laboral, cuyo acompañamiento con la tributaria complementa el cuadro básico de los incentivos a la producción.

Al mirar los conceptos contenidos en el proyecto que fue difundido y en las declaraciones posteriores sobre sus modificaciones, no se aprecian los vínculos o la consistencia entre estas dos herramientas. Se mantiene esa vieja visión del Código original con normas de la “relación laboral” entre trabajadores y empresarios, en lugar de convertirse en la poderosa herramienta de “política de empleo”.

El país requiere mecanismos que lleven a una modificación profunda del mercado laboral, actualmente concentrado en labores de escasa productividad y baja remuneración. En la versión conocida no hay indicaciones de incentivos que lleven a esa transformación, ni a la promoción del cambio en la matriz productiva.

Es en pocas palabras, una visión que sí se acogen las modificaciones sobre: sindicalización, jubilación patronal, responsabilidad ampliada, presunción de vínculo, jornadas especiales reducidas, inclusión de contratación de adultos mayores y migrantes, despidos nulos, encarecerá la contratación de mano de obra sin la evaluación de su productividad.

En el marco de la dolarización, la pérdida de competitividad derivada de un mal cálculo laboral, es fatal para la promoción de proyectos que puedan perdurar en el tiempo. Se juega en definitiva el empleo de generaciones futuras. Nadie duda de la necesidad de tener un Código que proteja al trabajador, pero aquello no significa propiciar la conflictividad con la promoción de Comités de Empresa o Sindicatos por Ramas de Actividad, en áreas y empresas que han superado esa vieja etapa de lucha destructiva y han conseguido llegar a un ambiente armonioso para la consecución de objetivos comunes entre trabajadores y empresarios.

Limitando la remuneración de los ejecutivos, tampoco se consigue profundizar el buen gobierno corporativo y la formación de empresas dispuestas a profesionalizar su administración. La competencia, con oportunidades en el exterior puede llevar a la descapitalización de recursos humanos preparados, que tendrán la opción de trabajar en mejores condiciones afuera. Esta propuesta evidentemente es contraria a la consolidación de una política de empleo para gente bien preparada, es decir para profesionales y va en contravía del mejoramiento de la calidad de empleo. Los accionistas y su entorno, que parecen ser los objetivos de esta idea, encuentran compensación en las utilidades de la empresa y burlan la limitación.

2. ¿Cuánto dinero se puede recaudar por un eventual impuesto a la comida ‘chatarra’?
Depende del tipo de impuesto que se pretenda introducir, de la definición de este tipo de alimento y de la capacidad de control en la aplicación del tributo. Sin embargo, dado el tamaño del mercado al cual se lo puede afectar, el impacto, fiscalmente hablando, será muy reducido. Por supuesto, esto no significa que las empresas sean inmunes a la decisión, pues algunas, dependiendo de los términos del tributo, podrían convertirse en no viables, o por lo menos de menor rentabilidad. De cualquier manera el consumidor pagara el costo.

3. ¿Cómo se establece una tarifa de transporte técnica sin el ingrediente político y cómo vería un alza de las tarifas eliminado subsidios? ¿Qué impacto social tiene?
Hasta el año 2007 no existía subsidio al transporte terrestre, sea urbano o interprovincial. Muchos gobiernos debieron enfrentar la decisión de revisar las tarifas con los daños políticos correspondientes. Este Gobierno decidió optar por el camino de mantenerlas congeladas pero a costo del Presupuesto del Estado.

Como las condiciones fiscales empiezan a dar señales de limitaciones en sus disponibilidades, ahora el Gobierno decide suspender los subsidios y pasar la responsabilidad del ajuste de las tarifas a los municipios. Lo hace por cuanto sabe el impacto político y social que aquello acarrea.

Ahora bien, los subsidios deben ser temporales y al establecerlos, los beneficiarios se deben sujetar al cumplimiento de ciertas condiciones. En este caso, debían contener la obligación de mejorar la calidad del servicio, pues el sacrificio fiscal debe encontrar una contraparte social. Esto no ha ocurrido. Sigue tan malo como antes.

Entonces, la eliminación aun cuando no fue programada tiene cierta lógica, pero la responsabilidad le corresponde asumir a quien creó la distorsión, es decir al Gobierno. Obviamente, se producirá un daño en los estratos bajos que son los usuarios de este servicio y eso se sabía cuándo se impuso este beneficio fiscal.

La nueva tarifa debe ser calculada por una institución especializada que no tenga conflicto de interés con el transporte público.

4. ¿Qué expectativas hay sobre el precio internacional del petróleo? ¿Cómo establecer una cifra para calcular el precio del barril de crudo para estimar el Presupuesto del Estado para 2015 con un valor lo más real posible?
A pesar de las perturbaciones políticas internacionales en regiones cercanas a las áreas de producción, el precio ha declinado, aunque se mantiene en niveles remunerativos para el país. En este año el promedio es cercano al de los dos años anteriores.

La perspectiva no es buena. EE.UU. sigue incrementando su producción y pronto será autosuficiente. China tiene una demanda menos intensa y se consolida la visión de una etapa declinante del precio, cuyo piso es difícil de precisar, pero que sí será inferior al actual.

Para el 2015, sería prudente mantener el precio de 85 dólares el barril para disponer de un margen de seguridad frente a la amenaza en la tendencia del mercado. Además no hay que olvidar que este producto nutre más del 50% de las exportaciones y su caída trae también efecto en este campo.

apachano@elcomercio.org

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