Inquietudes nacionales

1. ¿Se debe hacer ajustes al gasto público, en qué áreas y para qué?

Es un tema reiterado hasta el agotamiento. El tamaño del Estado, en especial el Gobierno central, es desproporcionado al tamaño de la economía y los ejemplos en el mundo de países con enormes dificultades económicas coinciden con dimensiones excesivas de sus Estados. La obesidad pública, al igual que los casos de burbujas privadas, vuelve inviable su sostenimiento general y el ajuste toma dimensiones de envergadura en función o dependiendo de la limitación en los ingresos, que puede llegar a albergar a casi todos los servicios e instituciones públicas.

Hasta mediados de la década pasada, la proporción del Estado en la economía oscilaba entre el 24-25% y dio fuertes dolores de cabeza al país. Ahora se aproxima al 44%. ¿Se puede uno imaginar cómo podría ser una crisis bajo este parámetro? Para llegar a este estadio han contribuido, y también lo sabemos de memoria, los mejores ingresos petroleros, las mayores aportaciones de los contribuyentes y el agresivo endeudamiento público (en valor absoluto el país tiene la deuda más alta de toda su historia y es 150% mayor a aquella acumulada hasta el 2009). Por supuesto, el Gobierno ha hecho lo suyo: gastar esas disponibilidades. Incluso usó los fondos constituidos antes de su gestión con gran esfuerzo, dentro de una política fiscal que buscaba ser contracíclica y creía en la necesidad de tener fuentes acumuladas de ahorro.

Hoy, el propio Gobierno aprecia las dificultades emanadas de la dimensión de su organización y busca optimizarla (?). Así lo advierte su Programa de Rediseño de la Función Ejecutiva (PRFE) instalado en el año 2010, que apoyado por un primer crédito del BID ha utilizado 522 millones de fondos nacionales para desvincular (despedir) 13 000 servidores públicos entre el 2011 y el 2013. Y programa utilizar -léase gastar- 1 180 millones hasta su conclusión dentro de cuatro años.

El nuevo crédito del BID, que se halla en trámite por 273 millones de dólares, a 25 años plazo, complementa el plan. Deben reducir en 10 puntos porcentuales el número de empleados administrativos. Pasar del 40%, que hoy según datos del plan son 226 000 trabajadores, al 30%. Hay además en la lista el 10% que corresponde a aquellos en edad de jubilarse (60-69 años).

He aquí algunos datos del propio Gobierno, que reconoce, luego de una encuesta que le dio la calificación de 6,7 sobre 10, la mala calidad de los servicios públicos y su afán de redimensionar el tamaño de las instituciones públicas.

En términos globales, otra forma de ver el problema es a través del déficit de casi 5 000 millones, que revela el enorme aprieto fiscal y lleva las necesidades de financiamiento del año a 8 000 millones por las amortizaciones de créditos anteriores que vencen en este período.

2. La inflación muestra el más bajo porcentaje de incremento desde 2004, ¿es un logro de la política económica?

Ha sido un buen año. Indiscutiblemente el resultado ayuda mucho al sostenimiento del valor de los salarios y remuneraciones de los trabajadores con relación de dependencia; y protege a toda esa enorme masa de trabajadores informales que viven cada día en función del ambiente de seguridad que arroja una situación de estabilidad. Por eso, este viejo pero poco apreciado concepto de la estabilidad, que a algunos no les interesa mirar e impacta en muchos campos del quehacer nacional, debe ser uno de los pilares de la política económica.

Sin embargo, para tener una mejor apreciación de su percusión en la viabilidad de las actividades nacionales, hay que compararla con la de los países competidores y la del emisor del dólar. El resultado general es satisfactorio, pues es menor a la mayoría de ellos aunque superior a la de EE.UU. que fue del 1,2%. Finalmente, se puede comentar que ha favorecido a este resultado, la caída de los precios de algunas materias primas importadas que sirven para la elaboración de los bienes de consumo popular.

3. ¿Cuál es el peso del precio del petróleo en el presupuesto; cuál el de los impuestos?

Al tema más que mirarlo en el presupuesto se lo debe analizar dentro de la política económica y en todo el ámbito público, pues se distribuye de forma amplia y poco transparente.

Al presupuesto del 2013 ingresaron 4 500 millones provenientes del sector petrolero, dentro de los 20 500 millones de ingresos totales. En definitiva aportan con el 25% de los ingresos. Sin embargo, las exportaciones totales de hidrocarburos superan los 18 000 millones, que relieva el peso real de su aportación a la economía, pues en una relación simple señala una proporción superior al 20% del PIB.

4. ¿Se puede considerar como permanentes los ingresos petroleros y sustentar con ellos gastos corrientes o reducirlos de ser el caso?

Se supone que estos ingresos son calificados como “de capital” pues provienen de una actividad no renovable, que reduce el patrimonio o acerbo nacional. Por lo tanto, sólo deben ser destinados a la utilización en proyectos de inversión pública para recuperar el activo perdido y de esta forma precautelar el valor de los activos que pertenecen a toda la comunidad. Consecuentemente, ningún gasto público puede financiarse con esta fuente o mediante el endeudamiento del Gobierno, prohibido por la Constitución, que también lleva al mismo resultado depredador del capital del país.

5. ¿Terminó la crisis mundial?

No, pero la peor parte ha sido dominada. Hay recuperación. Sin embargo, todavía existen rezagos por superarse, siendo el más importante la restauración de los niveles de empleo. Subsiste el problema del endeudamiento público y en algunos casos hay preocupación por la posible presencia de una etapa de deflación que podría coartar la recuperación económica.