La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos (OEA), acaba de hacer público su informe de las protestas ocurridas de octubre en Ecuador.
Como todos sabemos, fueron 11 días de inusitadas y violentas protestas (del 3 al 13 de octubre) tras el anuncio hecho el 1 de octubre por el gobierno del Ecuador de la eliminación del subsidio a los combustibles. Según menciona este informe, 11 personas perdieron la vida, 1340 resultaron heridas y 1192 fueron detenidas (80% habrían sido puestas luego en libertad).
Dicho documento ha causado rechazo de parte del Gobierno. Para la ministra del Interior, María Paula Romo, es sesgado y parcializado ya que solamente refleja el punto de vista de ciertos actores que participaron en las protestas y no de las afectaciones que sufrieron periodistas, fuerza pública, empresas, etc.
En efecto, causa polémica que en las conclusiones no se haya hecho referencia a los actos vandálicos, saqueos, quema de edificios públicos, el secuestro y mal trato de más de 400 miembros de la fuerza pública (policías y militares), prejuicios económicos y materiales a empresas, medios de comunicación, cuarteles de Policía, base militar, destrucción de ambulancias, etc.
Para el canciller, José Valencia, el informe de la CIDH es subjetivo. Al no examinar el contexto de las manifestaciones, concluye sin mayores argumentos de un “uso excesivo de la fuerza”.
Esto ahora está dando motivo para que dirigentes de la Conaie, adelantándose a las elecciones del 2021, denuncien internacionalmente al Estado ecuatoriano de un “uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones”. Al igual que el malogrado informe de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional, se soslaya un aspecto fundamental de las protestas de octubre: hubo un claro intento, de parte de ciertos actores políticos y sociales, de generar un clima de violencia y caos para desestabilizar el régimen democrático en el Ecuador. Hace contados días atrás, el presidente Moreno ha denunciado que con el uso de la violencia extrema y ataques terroristas organizados se intentó derrocar a su gobierno.
Preocupa entonces que la CIDH esté tomando partido por actores políticos violentos que, aprovechándose de la situación, hayan intentado derrocar a un gobierno. Y aunque la CIDH tiene como misión fundamental promover la observancia y la defensa de los Derechos Humanos en América Latina inspirada en la Carta de la OEA y la Convención Americana de Derechos Humanos, parece que se han olvidado de otros aspectos también fundamentales.
En la misma Carta Democrática Interamericana se habla de la importancia del fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática (capítulo IV). El informe de la CIDH sobre dimensiona las presuntas violaciones a los derechos humanos frente a situaciones claras de desestabilización y ruptura de la democracia.