Trabajo informal

A sus 22 años, Franco tiene su primer empleo, aunque no aparece en ningún registro, ni tiene beneficios laborales. Es parte de un fenómeno que afecta a una de cada tres personas ocupadas en Argentina. El Gobierno pretende frenarlo con una nueva ley.

Franco, quien pidió omitir su apellido, trabaja en una empresa que tiene a 10 por ciento de sus 150 empleados fuera de nómina, la mayoría jóvenes.

"No tengo obra social (servicio médico), o sea que si me pasa algo en la calle yendo a trabajar, ellos no asumen ninguna responsabilidad. Y tampoco tengo aportes jubilatorios, así que cuando me jubile todo este año que llevo trabajando será como nada", relató a IPS el joven que también estudia.

"No podía darme el lujo de decir: no lo acepto porque es en negro, acepté por necesidad", explicó. "En negro" es como se llama en Argentina el trabajo informal, no registrado o ilegal.

Durante los gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y su sucesora y actual presidenta, Cristina Fernández, el desempleo cayó de 17,3 por ciento, en 2003, a 6,4 por ciento al concluir 2013.

Además, el empleo informal se redujo de 49,6 a 33,6 por ciento, según cifras oficiales.

Pero el desempleo y el trabajo precario persisten como fantasmas, especialmente para los jóvenes.

El Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social subraya que 58,7 por ciento de estos trabajos precarios los realizan jóvenes de hasta 24 años.

"Como gran parte de la población no tiene acceso a puestos protegidos, los trabajadores se ven forzados a aceptar las condiciones laborales que les ofrezcan", explicó a IPS el economista Juan Graña, del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo y autor del libro "Salario, calidad de empleo y distribución".

"Las empresas grandes precarizan directamente a sus trabajadores por mecanismos legales, gracias a que las reformas de los 90 ampliaron tales caminos con los contratos a término o períodos a prueba, o tercerizan parte de sus procesos a empresas pequeñas", con bajos costos.

Un gerente de una distribuidora de insumos escolares explicó que en pequeñas o medianas empresas como la suya, las cargas sociales y sindicales y otras representan un costo de 51 por ciento sobre cada salario.

"Son costos fijos muy altos, poca rentabilidad y si la empresa no vende se funde", argumentó a IPS el ejecutivo que pidió usar solo sus iniciales, D.G.

El 15 de este mes, el Gobierno presentó al bicameral Congreso legislativo, un proyecto de ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral.

Con la nueva norma espera regularizar 650 000 trabajadores en los primeros dos años, para bajar la ocupación informal del 33,6 por ciento actual a 28 por ciento.

Según la presidenta Fernández, la precarización es "el segundo problema más importante" de los trabajadores argentinos, después del desempleo.