La información a tiempo es vital en caso de emergencias. Más aún, en un país atravesado por el riesgo generado por los eventos naturales, como terremotos, inundaciones y erupciones. Por eso, da cierta tranquilidad (si así se puede hablar con un volcán activo como inestable vecino) poder leer directamente la información técnica y científica del propio Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.
Eso es bueno para la transparencia y, sobre todo, para la información y conocimiento de la población que, sin ser técnica, entiende el lenguaje que se maneja en esos comunicados. Se trata de una relación directa que beneficia a la prevención, especialmente en aquellas jurisdicciones que están ubicadas, o tienen parte de su territorio, en las llamadas zonas de riesgo.
Esta información, más la generada por el Ministerio Coordinador de la Seguridad y los respectivos alcaldes, es importante para la toma de decisiones por parte de las autoridades (locales o nacionales) y de los habitantes que potencialmente estarían afectados en caso de una erupción del volcán Cotopaxi. No olvidemos que de ocurrir esto, el escenario de daños incluye poblaciones de la provincia del Napo.
Pero hay un ingrediente adicional en este ir y venir de información: los procedimientos de alerta y de emergencia deben estar claros para las autoridades (locales y nacionales, reitero), para los encargados y responsables de acciones y tareas de emergencia, para los dirigentes y líderes comunitarios.
Mucho más para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y me refiero a esto, porque en la información generada sobre los procedimientos, mucho se ha dicho que la evacuación procede en alerta naranja. Mientras otras autoridades hablan de otras medidas previas, antes de la evacuación, como por ejemplo, suspender la asistencia a clases.
Lo que debe estar claro entre el Ejecutivo, particularizando al Ministerio Coordinador de la Seguridad, las entidades de administración de riesgos y los municipios es ¿quién debe decidir la evacuación?