El veto presidencial a la Ley de Educación Superior ha provocado el rechazo casi unánime de las comunidades universitarias. Su escaso realismo, su grosera inconstitucionalidad y su desenfadado autoritarismo colisionan directamente con los valores y fundamentos del sistema universitario. A través de la historia, la universidad ecuatoriana ha sufrido varias embestidas aleves lanzadas por gobiernos autoritarios y dictatoriales. Este veto supera con creces cualquier arremetida anterior.
La objeción presidencial es una horrenda mezcla de autoritarismo político e infantilismo académico (para usar la jerga de moda). Hay postulados impracticables que denotan la escandalosa falta de experiencia de la Senplades. Alcanzar un 60% de profesores a tiempo completo en dos años, graduar miles de Ph.D en siete años (formar uno cuesta cerca de USD 100 000), administrar, desde el Gobierno, con orden y sin corrupción, decenas de miles de exámenes de final de carrera y habilitación, evaluar y acreditar 71 universidades y más de 3 000 programas y carreras en tres años, identificar, entre las más de 9 000 universidades existentes en el mundo, cuáles resultan buenas para la revolución ciudadana, son ejemplos patéticos del surrealismo que inspira a la Senplades.
Brota, también, por todos los poros de esta objeción, un autoritarismo audaz y grosero que coloca a los tres órganos que rigen el sistema universitario bajo el control absoluto del Ejecutivo. La ilegítima e inconstitucional Secretaría Técnica, el Consejo de Evaluación y Acreditación y el Consejo de Educación Superior estarán dirigidas, en la práctica, por el Gobierno de turno. El Secretario será designado por el Presidente mientras los representantes de la Academia en los Consejos serán escogidos por el CNE. Sobra decir cuán incompetente y parcializado resulta el organismo electoral para llevar adelante concursos académicos de oposición y méritos. Sin ir muy lejos, miremos la burda experiencia del Consejo de Participación Ciudadana en la que participó el CNE. En definitiva, un sistema universitario dirigido a la manera de la Cuba de Castro o el Chile de Pinochet.
El veto presidencial se ceba de manera muy especial contra las universidades particulares. Las absurdas y nada realistas cargas financieras que se les impone, los controles de sus ingresos bajo criterios desconocidos, la injustificable intromisión en temas administrativos y la imposición de un sistema de gobierno con elecciones universales, directas e inevitablemente políticas, garantizan la inviabilidad de las universidades privadas en el mediano plazo. Considerando que la educación particular alberga a casi el 40% de la población universitaria y que la educación pública no tiene capacidad para extender su cobertura, resulta difícil comprender el sentido de este ataque feroz.