Desde hace casi 20 años en que se me concedió la oportunidad de mantener una columna en este diario, solo en una ocasión recibí una llamada de la redacción solicitándome prepare un artículo: era un 11 de septiembre y fanáticos suicidas habían estrellado aviones comerciales en contra de las Torres Gemelas en Nueva York. El suceso, de una dimensión hasta entonces desconocida, ameritaba ser tratado y comentado de manera urgente. Fuera de esta situación de excepción jamás nadie me ha realizado la menor insinuación para tratar tal o cual punto. Se vuelve necesaria esta referencia porque solo quien desconoce cómo es el funcionamiento de las páginas editoriales de este Diario puede pensar que estás entregas pueden servir para la injuria o el escarnio por encargo. Peor aún, que un juez pueda imputar una conducta dolosa a los ejecutivos de un medio por las opiniones que los articulistas expresan y, absurdamente emita una sentencia condenando a prisión por supuesta coautoría del delito de injurias.
Lo sucedido no admite explicación alguna desde el Derecho. Ninguna doctrina jurídica, en una democracia moderna, toleraría semejante desafuero. Se puede mencionar que en el sistema positivo ecuatoriano aún existen normas punitivas que tipifican esta clase de infracciones pero aquello está en contra de tratados expresos que ha suscrito el país que prevén, por sobre todo, la vigencia de la libertad de expresión sin cortapisas. Si existe responsabilidad ulterior es un asunto que debe tratar la justicia para establecer si hubo o no daño y fijar la reparación apropiada. Pero de ninguna manera es aceptable, al tenor de los tiempos, que estos asuntos se puedan sancionar con penas privativas de la libertad o con indemnizaciones pecuniarias excesivas que no tienen asidero alguno.
Con lo sucedido la justicia, hoy más que nunca, se halla en entredicho. ¿Será capaz un tribunal de alzada de revertir un fallo condenatorio que se va en contra de todo principio jurídico, cuya sanción a todas luces aparece como un exceso?¿Podrán los magistrados a quienes les corresponda conocer este caso abstraerse de los sujetos intervinientes y dictar una resolución apegada estrictamente a los principios y normas internacionales que ha adscrito el país y son parte de su sistema jurídico?¿Habrá posibilidad de volver a creer que existe independencia en los magistrados? Si aquello no se produce probablemente estaremos inaugurando una nueva era en que la justicia se halle sometida a los otros poderes del Estado, en la que los ciudadanos no tengan la garantía que un tercero imparcial resuelva sus conflictos. Si esto se confirma los tiempos que se vienen serán de las peores páginas de nuestra historia.