El Ilustre Municipio de Quito continúa con una obesidad que no le permitirá llegar a contar con unas finanzas municipales sanas y en orden. La burocracia del Cabildo y de todas sus empresas sigue mostrando una cifra cercana a los 20.000 empleados. Con ese nivel de gasto corriente se evidencia no solamente ineficiencia sino una merma de recursos para la obra municipal, tan necesaria para la capital. Y, el gran problema de esto es la incapacidad del Municipio para dotar a los contribuyentes de una carga impositiva acorde a la profunda crisis económica que viven el país y Quito.
Uno de los ejemplos que ilustran esta situación es el impuesto de la patente o impuesto de operación o funcionamiento de las empresas que operan en el Cantón Quito. Para el efecto, se aplica una tabla que según el patrimonio de las empresas se graba un valor a cada empresa. Si bien es cierto que dicha tabla es creciente, es decir, las más grandes pagan una cifra mayor y las más pequeñas una cifra menor, la proporción es totalmente inadecuada. Las compañías con patrimonio entre USD 250 mil y USD 750 mil pagan hasta USD 5 000 anuales. Aquellas empresas con patrimonios mayores a USD 10 millones pagan hasta USD 25 mil anuales. Es una total desproporción. Empresas que facturan USD 1000 millones o más pagan USD 25 mil anuales por este impuesto mientras que una empresa que factura menos de USD 1 millón paga USD 5 000 anuales, es decir 5 veces menos cuando la facturación de la empresa pequeña es mil veces menor. ¿Es eso equitativo y proporcional?
No se trata de imponer más impuestos a las empresas grandes, se busca un tratamiento justo, más aun atendiendo al problema económico vigente. Para una empresa que vende, por ejemplo USD 500 mil anuales, es decir, un promedio de USD 42 mil mensuales, paga respecto a su facturación anual el 1% mientras que la grande que vende USD 100 millones anuales paga el 0.00025% anual. ¿Es concebible esta distorsión?
Más allá de esta tabla que no se compadece con un tratamiento equitativo de acuerdo al tamaño de cada empresa, lo de fondo es grabar con USD 5 000 a empresas que no tienen liquidez en estas circunstancias, que no disponen de recursos para pagar sus obligaciones laborales, sus pasivos con proveedores o sus compromisos bancarios.
La crisis económica es de todo el país y obviamente incluye a la ciudad de Quito. Si con todo este problema se evidencia que el IMQ no hace esfuerzo alguno por sanear sus cuentas fiscales, es impresentable que busque pasarle su inacción a las empresas de la ciudad. La severidad de la crisis afecta a todos sin excepción por lo que no es aceptable que sigan existiendo instituciones del Estado que no tomen las acciones que correspondan. Esperemos algo de eco a esta realidad.