Los últimos comicios seccionales y la emergencia por inundaciones en las provincias del litoral ponen en evidencia el estado de indefensión y vulnerabilidad en las que se encuentran las poblaciones, en medio de pobres servicios básicos, en muchos casos inexistentes. Mientras los candidatos demagógicamente ofrecían en campaña solucionar los problemas que por décadas no han podido hacerlo, los inconvenientes se profundizan por la situación de los damnificados.
Cómo puede entenderse que ciudades de la Costa, especialmente de Esmeraldas, Manabí y Los Ríos, no cuenten aún con alcantarillado, servicio permanente de agua potable, eficaz y oportuna de recolección de basura, sufran de inseguridad, por mala gestión de politiqueros de turno que han jugado por muchos años con las demandas de las comunidades, que también tienen corresponsabilidad por indiferentes frente a las acuciantes necesidades.
Los gobiernos autónomos descentralizados están en la obligación de atender las necesidades básicas, fomentar ciudades sostenibles, seguras y resilientes, pero no funcionan a plenitud a pesar de los presupuestos que se mantienen y que utilizan sin priorizar las obras. Emprender campañas para aumentar la comprensión y fomentar el compromiso para la reducción de riesgos, la resiliencia frente a los desastres. Al contrario, no existe calidad del gasto. Incluso, en medio de la crisis persiste el uso en las fiestas locales antes que en prevención y capacitación eficaz.
Por todo eso, casi resultan los impuestos más altos del mundo. Se pagan tasas por servicios básicos, de seguridad, que no funcionan y además se gasta para conseguir agua, botar la basura y organizar la protección ciudadana, entre los problemas fundamentales, lo que vuelve oneroso y extremadamente caro al usuario. Cobran por alumbrado público que funciona a medias o en algunos sectores ni siquiera existe. Pago por servicios administrativos que son de pésima calidad. Hay países europeos en donde los impuestos son extremadamente altos, pero la gran diferencia es que todos los servicios funcionan a cabalidad y no hay que preocuparse de su provisión.
La última emergencia por las inundaciones puso en evidencia, una vez más, la irresponsabilidad de las autoridades por no haber trabajado en prevención ni realizar obras para mitigar el embate de la naturaleza. El Código de Organización Territorial (Cootad) dispone (art. 140) que los GAD adoptarán obligatoriamente normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos a fin de proteger a las personas, colectividades y la naturaleza. Igualmente, la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (2016) establece sanciones. ¿Qué pasó solo con el dragado de ríos, construcción de muros de contención y control de edificaciones en zonas de peligro?