Miguel Rivadeneira

Impotencia con malos servicios

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Lunes 05 de septiembre 2011
5 de September de 2011 00:01

Los cambios legales e institucionales no constituyen una garantía de servicio a la comunidad. Lo que sucede en el Registro de la Propiedad, de Quito (principalmente) y Guayaquil, refleja otra vez los malos servicios a los usuarios con el cambio de administración por disposición legal. Pasó de manos privadas a la administración municipal y el caos apareció con la larga demora en la atención de los diferentes trámites.

Lo grave es que esto ha perjudicado a los usuarios que realizan diversos trámites, de manera especial a los que intentan legalizar la adquisición de una vivienda y tienen plazos establecidos por quienes les concedieron un crédito hipotecario y si no cumplen a tiempo les puede correr intereses y penalidades, de acuerdo a los contratos de compraventa.

El usuario perjudicado, si tanto se piensa en el servicio a la comunidad, lo que pide es el mejoramiento de los servicios y la agilización de los procesos y no tiene por qué pagar la culpa ni recibir solo justificativos, lamentos y promesas.

En materia de salud pública, las quejas por mala atención, la falta de medicamentos y la dificultad de acceso a los servicios, son permanentes. He reconocido el notable aumento del presupuesto para la inversión, si se compara con el pasado, el crecimiento de las consultas y el acceso a la salud, la compra de equipos y el mejoramiento de infraestructura (aunque hay cuentas pendientes de irregularidades señaladas por la Fiscalía).

Si bien un problema estructural, mantenido a través de décadas, no se puede solucionar en poco tiempo, vamos 4 años y 8 meses de administración y no se puede seguir de emergencia en emergencia. Lo observado en el Hospital Abel Gilbert de Guayaquil fue patético. No eran "opositores" sino usuarios que se quejaban de la atención y falta de medicamentos e insumos. Igual realidad se observa en Quito y el resto del país.

¿Acaso la mala gestión administrativa y la falta de atención con calidez y prestancia no son parte del problema? ¿Puede la salud pública pasarse toda la vida en emergencia o en estado de excepción, como el sector carcelario y otros? Con un agravante: la Constitución establece esta declaratoria durante 60 días, con la posibilidad de ampliar, si las circunstancias ameritan, hasta 30 días más. Acá vamos desde enero de este año. Más aún, en la falta de los medicamentos el Ministro se pronunció en Ecuadoradio que en seis meses se tendría cubierto esta demanda. Total, vamos en septiembre y las quejas persisten.

Si el reporte 157 de la emergencia sanitaria da cuenta de la compra de medicamentos, insumos médicos, equipamiento técnico, infraestructura hospitalaria, recursos informáticos, consultoría, comunicación social, talento humano, adquisición de servicios por 103 millones de dólares, ¿qué está pasando entonces?

mrivadeneira@elcomercio.org