En esa búsqueda de legitimación en el poder, el Gobierno se ha enfocado en una consulta popular que prioriza temas de la agenda política. Por ahora, ha dejado en segundo plano otros más importantes para el país como la sostenibilidad de la Seguridad Social.
Si bien las disposiciones del Código Monetario lo justifican, causa asombro que la información actuarial de la institución financiera más importante del Ecuador esté bajo reserva por 15 años. Este tipo de informes establecen proyecciones matemáticas, que permiten saber si los ingresos que tiene el IESS van a alcanzar para cancelar las obligaciones futuras de la entidad. Los afiliados tienen derecho de conocer esos datos.
La adopción de medidas antitécnicas tienen a la Seguridad Social ante un escenario complejo.
Incluso el propio Jefe de Estado considera necesario tener un estudio actuarial, para poder tomar medidas de fondo.
En 15 años, el fondo de ahorro de la institución pasó de USD 300 millones a 9 000 millones. Pero desde el 2016 el consumo de esos recursos está en constante aumento, con el riesgo de que el 2021 se agote el ahorro y la situación sea insostenible. Por eso, la urgencia de transparentar las cifras.
La Seguridad Social es un tema delicado y en otros países se están tomando acciones para atenuar los problemas financieros que se derivan de su administración. El año pasado lo hizo Argentina y ahora en Brasil hay preocupación, porque el déficit del sistema de jubilaciones alcanza los USD 84 000 millones.
La reducción del número de trabajadores que aportan y el aumento de quienes reciben jubilaciones y pensiones hizo que el déficit del sistema en Brasil tuviera esos balances. El enorme agujero en el sistema previsional se ha convertido en una de las mayores inquietudes para el gobierno de Michel Temer.
En el Ecuador del mediano plazo, el panorama se presenta similar, en la medida en que el Gobierno anterior, al igual que otras administraciones, no pierden la tentación de echar mano de los recursos de los afiliados.