Columnista invitado
Cuando en el Congreso Nacional se presentaban situaciones complicadas, lo que sucedía con frecuencia, alguien trataba de solucionarlas proponiendo algo distinto, sin lograr necesariamente su objetivo y, en buena parte de las ocasiones, embrollando más la situación. Guillermo Landázuri, que lo presidía, decía, en esos casos, “la compusieron peor”, graficando las recurrentes metidas de pata de los legisladores.
Eso es lo que acaba de hacer la Comisión de la Asamblea que trata el proyecto que elimina la obligación estatal de aportar el 40% para el Fondo de Pensiones, instituido desde hace más de 50 años y reconocido por todos los gobiernos, incluido el actual, aunque solo el presidido por Rodrigo Borja pagó al día esas obligaciones y los demás no hayan cumplido con el mandato legal del aporte, acumulando millonarias deudas estatales.
Se legisló así porque los estudios actuariales lo determinaban. La eliminación de la obligación del pago del 40% del Gobierno desfinancia más al sistema de seguridad social. Con la determinación, en la ley aprobada, de que los aportes se harán cuando el IESS “los necesite”, se abre la puerta a que el Gobierno, este y los que vendrán, argumenten que no son necesarios, que el IESS nada en plata, que es ineficiente, como dice ahora el Gobierno después de ocho años de administrarlo. Siempre habrá escasez de recursos fiscales, porque el precio del petróleo es bajo, o, porque siendo alto, los gobiernos se exceden en los gastos.
La resolución de la Asamblea obliga al aporte fiscal cuando el IESS no tenga los recursos suficientes. Es decir, convierte un asunto previsional en uno de liquidez, de caja, lo que implica una enorme irresponsabilidad.
La formación de Fondos de Pensiones requiere de recursos permanentes, que ahorrados e invertidos, permitan el pago de pensiones a futuro. No es la simple disposición de fondos para el pago de las obligaciones recurrentes. Es prever el futuro acumulando recursos para que cuando la población mayor aumente, y los aportantes jóvenes sean menos que los que se requieren permanentemente para financiar la jubilación de la nómina, cada vez más numerosa, de mayores de 65 años, ese fondo permita atender, siempre, las pensiones de jubilación.
La Comisión, sin análisis ni responsabilidad, sin considerar la implicación que tiene para el futuro, contradiciendo las proclamas por la solidaridad y la justicia social, “la compone peor”, legislando de tal manera que el argumento de los gobiernos –el actual y los que vendrán- con siempre escasa liquidez, predominará sobre la necesidad de la estructuración de fondos solventes y permanentes, que estén sobre los avatares circunstanciales, como el que afronta ahora la caja fiscal.
Lo que acaban de aprobar la Comisión omnipotente y los asambleístas incondicionales, será registrado en la historia como uno de los actos de mayor irresponsabilidad legislativa.