Cuando se hacen mal las cosas, hay que corregir lo mal hecho. De la solvencia del IESS, ISSFA e ISSPOL y sus posibilidades de atender sus prestaciones depende la subsistencia y, en muchos casos, la vida de miles de ecuatorianos, pero también la economía y, sin exageración, la estabilidad del país. Más después de que en los últimos años se amplió la cobertura de los servicios, incorporando a la familia de los afiliados sin los correspondientes aportes. Es muy fácil decir que “como nunca antes” –conocido estribillo del complejo refundador de la política ecuatoriana- hay muchísimos más ecuatorianos que gozan de la cobertura de la seguridad social, sin que tengan financiamiento esas prestaciones. Se eliminó del balance la deuda del Estado por los servicios de salud que no prestan los hospitales públicos, en la forma más arbitraria y rocambolesca, que eso es el argumento de que no existía reglamento, que debía dictarlo el Ejecutivo, que es el que reclama su inexistencia. Cómo sería de ilegal, que tan pronto cambia el Gobierno la Contraloría les obliga a reintegrar la deuda. A eso se deben las maromas para utilizar los recursos de los fondos de pensiones trasladándolos a los de salud. Es evidente la descapitalización del IESS: se suprimió irresponsablemente la obligación estatal de aportar el 40% para las pensiones de jubilación. La historia con el ISSFA es similar: corrigen un “error” cometido desde el Gobierno al comprar al valor comercial los terrenos de los Samanes cuando les sobraba la plata, con un débito arbitrario que afecta al patrimonio del ISSFA, y se reforman los aportes, en el ISSFA y el ISSPOL, disminuyéndolos demagógicamente, con lo que los afiliados recibirán menores pensiones y cesantía, confundiendo, de modo irresponsable, como con el IESS, liquidez con sostenibilidad en el tiempo. Los excedentes de liquidez, temporales, sirven para invertir y capitalizar. No hay otra forma de financiar y sostener los fondos de pensiones.
Todos los años hay más jubilados. Cada vez hay mayor necesidad de financiar sus pensiones, que lo hacen los jóvenes que empiezan a trabajar, pero que cada vez tienen mayor dificultad de conseguir empleo estable. La seguridad social ecuatoriana cubre, a más de lo sustancial que son las pensiones, servicios de salud y vivienda. La prestación de esos servicios no debe sacrificar, de ninguna manera, su misión fundamental, la de asegurar una pensión suficiente a los jubilados. Por lo mismo, ninguna urgencia fiscal debe ser cubierta con la disminución de sus recursos y esa ha sido, lamentablemente, la consecuencia del gasto fiscal dilapidador, cada vez más insostenible. Los países colapsan cuando quiebran los sistemas de seguridad social. Hay que corregir lo que se ha hecho tan mal, antes de que sea demasiado tarde. Mientras más tiempo pase, más costoso será reparar el daño hecho, indispensable para evitar el colapso.