No es exageración. La situación financiera del Instituto de Seguridad Social (IESS) es delicada. Mucho más cuando, luego de 10 años de secretismo e irresponsabilidad, comienzan a conocerse estudios actuariales, informes técnicos y estados financieros.
Un estudio actuarial de la firma Volrisk, publicado en octubre de 2015, evidenciaba que en 40 años el IESS, de la manera como se lo estaba administrando, iba a tener un déficit en el seguro de pensiones de USD 208.841 millones. Incluso, el fondo de pensiones, para quienes tienen la expectativa de jubilarse en aproximadamente 10 años, estará agotado.
Lo mismo ocurre con el seguro de salud. Este año se necesitarán USD 3 475 millones. Sin embargo, las contribuciones de los afiliados llegarán a USD 2 230 millones. Sí, la situación es deficitaria pese a que, de manera poco técnica, el Consejo Directivo del IESS en noviembre de 2015 redujo el aporte de los afiliados al seguro de jubilación y aumentó el aporte al seguro de salud de 5,71% a 9,94%.
Las autoridades del IESS esperan cubrir esta brecha con el aporte que debería recibir del Estado por atención a jubilados y personas con enfermedades catastróficas. No obstante, el Ministerio de Finanzas solo ha presupuestado USD 220 millones.
A más de ello, una comisión puesta por Correa eliminó en septiembre de 2016 la deuda del Estado con el IESS. Un informe de Controlaría de junio 2017 determinó que esa deuda ascendía a USD 2 527 millones. En la actualidad es de USD 3 101 millones.
Aunque el gobierno del presidente Lenín Moreno ha reconocido esta obligación, todavía no se conoce cuándo y cómo van a ser pagados estos valores.
El hecho de que la Contraloría haya iniciado un estudio integral de la situación del IESS es positivo. Se han destinado 150 funcionarios, los cuales elaborarán 30 exámenes especiales. Uno a estudios actuariales. 23 a infraestructura hospitalaria, equipos y medicamentos. Cinco a los administradores de fondos. Uno a talento humano.
A más de ello, se debería eliminar la resolución de la Superintendencia de Bancos que establece el carácter de reservado de los estudios actuariales de la seguridad social. Esta ha servido principalmente para aumentar la opacidad y la falta de transparencia en el manejo de los recursos de la seguridad social.
En este contexto, es fundamental que las autoridades del IESS, más allá de lo que pueda arrojar el estudio integral de la Contraloría, tomen ahora sí cartas en el asunto. No es posible que sigan pateando el problema a otras administraciones y no se tomen medidas correctivas.
Se ha hablado de aumentar aún más las aportaciones de los afiliados o edad de jubilación. Sin embargo, debería comenzarse por cobrar las deudas al Estado y transparentar el manejo del IESS. Esperemos que no sea tarde y que con el cambio de rumbo que ha dado el país recientemente podamos rescatar a la seguridad social.