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Huelga de hambre

Las políticas públicas en democracia deben ser construidas por la mayoría de los actores sociales y estatales en un ambiente de discusión y consenso. Su imposición redunda en rechazo y su duración es efímera.

La política pública que surge del acuerdo se mantiene en el tiempo, ya que los actores se encargan de sostenerla. Esto genera estabilidad, confianza, que es vital para economía. En educación el diálogo y el consenso crea aprendizajes positivos, valores. Fortalece el sentido de comunidad.

Asistimos a la construcción de una política pública en educación. En el espacio creado por la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, durante varios años diversos actores llegaron a acuerdos sobre reformas a la Ley de Educación. La Asamblea primero y luego el Ejecutivo las aprobaron.

Hoy tales cambios están en el limbo jurídico debido a una demanda de inconstitucionalidad por carecer de fuentes de financiamiento. La Corte Constitucional tiene en sus manos el problema.

Frente a esto la organización histórica de los docentes, la UNE, llama la atención del nuevo Gobierno, de la Corte y de la ciudadanía al señalar las bondades de las reformas. En efecto, el gremio a través de declaraciones públicas, movilizaciones, y por último de una huelga de hambre, medida extrema no violenta, pretende romper una suerte de sordera generalizada, no solo del poder, sino de la sociedad que no se percatan de la importancia de los eventuales cambios que facilitarían algunas de las reformas.¿Cuáles? Mejoramiento de instrumentos para enfrentar la violencia y el abuso sexual, impulso a la inclusión, cambios en los currículos, fortalecimiento de los Departamentos de Consejería Estudiantil, reapertura de las escuelas rurales cerradas, descongelamiento del Consejo Nacional de Educación y sobre todo mejoramiento de condiciones para el desarrollo integral docente, aspecto clave dotar de la calidad a la educación.
¿Por qué no se da paso a estas reformas? Porque la aplicación de algunas de ellas significaría elevar el presupuesto educativo, hecho complicado en un país que arrastra una profunda crisis económica.

Pero ¿La solución al problema es declarar inconstitucional las reformas y clausurarlas por un buen tiempo? No. Con esto se hincharía más la bomba de tiempo, que más adelante estallaría. Entonces, el tema pasa por canalizar las reformas creando condiciones para su realización, sobre todo encontrando técnica y conjuntamente (Gobierno-gremio) las respectivas fuentes de financiamiento y elaborando un plan de aplicación progresiva. Tal ejercicio democrático significaría edificar un pacto social fiscal por la educación pública, lo que dotaría de mayor esperanza y confianza al país. Logro político de incalculables consecuencias positivas.
El diálogo, la vía política es mejor alternativa a la vía jurídica o represiva para superar la huelga de hambre.