Si alguna duda quedaba de que el impulso de la ley de control sobre la producción, comercialización y distribución del papel para diarios es un ataque a la prensa independiente, varios hechos recientes confirman la existencia de un clima de hostigamiento hacia el periodismo como nunca se vio desde la reapertura democrática de 1983 en Argentina.
La presencia de medio centenar de efectivos de la Gendarmería en el allanamiento de las oficinas de Cablevisión y la inhibición de bienes de La Nación dispuesta por un juez en franco desconocimiento de una resolución del máximo tribunal judicial que impedía semejante medida.
Durante años, el gobierno kirchnerista ha intentado enmascarar cualquiera de sus desaciertos a través de la imposición de un relato oficial. La manipulación de las estadísticas gubernamentales y la intervención del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) no es más que un indicador. Desde su llegada al poder, el kirchnerismo renegó públicamente de la existencia del periodismo, dificultó el acceso a la información y empleó fondos públicos para difamar y descalificar a quienes no se sumaran al coro de voces oficialistas. El gobierno nacional intentó hasta emplear la abultada pauta publicitaria oficial para condicionar al periodismo independiente y premiar a los medios afines al partido gobernante. Finalmente, se dedicó a perseguir por todas las vías a aquellas empresas periodísticas que no exhibieran docilidad ante políticas oficiales.
La ley de control del papel para diarios, que afectará directamente a la empresa Papel Prensa (propiedad de Clarín en un 49%, de La Nación en un 22% y del Estado nacional en un 27%) es la última iniciativa pergeñada por el Gobierno para someter a la prensa independiente, con el pretexto de la necesidad de garantizar la distribución de papel para todos los medios gráficos del país. Papel Prensa abastece en la actualidad al 75% del mercado nacional y provee papel a unos 440 medios gráficos con 175.000 toneladas anuales. El resto del insumo se importa, libre de aranceles.
Como lo han señalado distintas organizaciones internacionales que defienden la libertad de prensa, esta no solo es susceptible de ser vulnerada mediante medidas de abierta censura de los contenidos periodísticos, sino también por regulaciones bajo apariencia de legalidad.
Lamentablemente, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha optado por reflejarse en los regímenes más desacreditados de América latina. La llamada profundización del modelo avanza peligrosamente hacia una exacerbación del intervencionismo y dirigismo en la economía, y un desprecio por la libertad de prensa, alimentando la inseguridad jurídica a través de una discrecionalidad que es hermana de la corrupción.