Una de las viejas costumbres de los ecuatorianos es escandalizarse de todo y antes de tiempo. Desde que se iniciaron las negociaciones para un acuerdo en la Asamblea Nacional empezó el alboroto, la alarma y los recuerdos de pactos diabólicos del pasado que provocaron terremotos políticos. Para juzgar si los acuerdos políticos anunciados en la Asamblea Nacional son válidos y útiles, conviene recordar los fundamentos de la democracia.
El partido que gana las elecciones está obligado a implementar los programas que propuso al país en la campaña electoral, ese programa es el que escogió el pueblo. Pero no puede olvidar a la otra mitad de los ecuatorianos, a quienes no votaron por su programa; las minorías y la oposición tienen un papel importante en la vida política.
Un gobierno con apenas 12 de 137 legisladores, no tiene capacidad para implementar sus programas; tiene que hacer acuerdos políticos. Cuando el electorado no le da mayoría en la Asamblea al gobierno, le está pidiendo que haga alianzas para alcanzar la posibilidad de aprobar leyes y hacer los cambios que ha prometido.
No tiene sentido, entonces, escandalizarse por los acuerdos entre partidos; hay que pactar, y sólo se puede pactar con los que quieren hacerlo. No es posible firmar acuerdos con partidos o movimientos que pretenden gobernar desde la Asamblea o se proponen impedir que gobierne el elegido. Pachakutik y su aliado, Izquierda Democrática, han puesto condiciones inaceptables para el gobierno: no a la minería, no al FMI, no al acuerdo del pacífico, condiciones que impedirían el cumplimiento del proyecto aprobado por el pueblo en las urnas.
Si resultaba imposible un acuerdo con Pachakutik y la ID, sólo quedaba el acuerdo con UNES para asegurar la gobernabilidad y la paz social. Ellos han declinado la aspiración inicial de la amnistía o el indulto para los sentenciados, pero reclaman la conformación de una Comisión de la Verdad.
Los participantes del pacto tienen que explicar, entonces, qué es una Comisión de la verdad, cómo estaría integrada, qué fundamento legal tendría, qué valor deberíamos darle a sus informes y qué relación guardaría con la Justicia.
La transparencia es un derecho de los ciudadanos y es obligación de los políticos exhibir todas las cartas. Sabemos que la mentira tiene patas cortas, si hay cartas escondidas o cláusulas de confidencialidad en los acuerdos, se corre el riesgo de que sean vistos como pactos malditos, que el país termine sin gobernabilidad y el presidente pierda capital político.
Dada la volatilidad de la política, es imposible anticipar si a la hora de la publicación de esta columna se haya confirmado el acuerdo con UNES, se haya vuelto a negociar con Pachakutik o se hayan roto los bloques y nuevos héroes de la gobernabilidad hayan hecho su aparición. A partir de ahora, bajará la temperatura de los exaltados y empezará, para Guillermo Lasso, la hora de la verdad.