No hay derechos en la impunidad

La corrupción, al desviar fondos públicos, ocasiona que decrezca la calidad y eficiencia de los servicios públicos a que está obligado el Estado, lo que atenta a la igualdad de trato, a la justicia y al imperio de la ley, entre otros derechos humanos básicos que se ven gravemente vulnerados.

También socava la legitimidad de las instituciones y de los regímenes políticos, lo que afecta la confianza en la democracia y pone en riesgo su estabilidad. Esto se refleja en el último informe del Barómetro de las Américas en el que, a la pregunta de si justificaría un golpe de Estado por parte de los militares en caso de mucha corrupción, un 43.3% de los entrevistados en Ecuador respondió afirmativamente.

La corrupción es también, tanto causa como efecto del mal desempeño de los gobiernos, lo que a su vez reduce la confianza en la capacidad de estos para atender las demandas de la ciudadanía.

Esto lleva a muchas personas a intentar conseguir sus objetivos por medios corruptos, generándose un circulo vicioso que convierte a estas prácticas en el medio esperado en cualquier transacción con el Estado, normalizándolas. Además, disminuyen la confianza entre las personas, afectando severamente el tejido social.
Por estas razones, la necesidad de combatir la corrupción se vuelve imperiosa para los países, sobre todo en aquellos como Ecuador, en que la democracia no termina de consolidarse y en que los derechos de la ciudadanía se ven constantemente menoscabados.

Frente a esta realidad, el que un caso de corrupción en el que están involucrados nada menos que un ex presidente, un ex vicepresidente y varios funcionarios importantes de su gobierno se lleve con celeridad debería ser aplaudido y no cuestionado. Por supuesto que la justicia no debería tardar para nadie, pero cuando lo que está en juego son los derechos de todos los ecuatorianos y el futuro de las instituciones democráticas, es imperativo que la justicia actúe con celeridad, porque con sus fallos no solo condena a los corruptos, también se envía un mensaje a la sociedad que puede, en algo, mejorar los índices de confianza en la justicia y en las instituciones políticas.

Por eso, la labor de la Fiscalía y de la Corte Nacional en este caso es digna de elogio. Defender la democracia y los derechos humanos implica también combatir la impunidad. Sostener que celeridad en el tratamiento de un juicio es sinónimo de violaciones al debido proceso no solo es un cliché, es también dar argumentos a quienes tratan de hacer parecer este caso como una persecución política, que son los mismos que se encargaron, cuando fueron gobierno, de estructurar todo un andamiaje para impedir que su corrupción se persiga, que vapulearon los derechos humanos y que dejaron a la democracia destrozada. No caigamos en ese juego.

Suplementos digitales