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Miércoles 11 de septiembre 2019

La ciudadanía está cansada de recibir todos los días información sobre negociados, coimas, sobreprecios, aportes ilegales para campañas políticas y mil otras formas de enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios y empleados del correato, sin que hasta la fecha existan sentencias firmes que envíen a la cárcel a los responsables. Y por cierto no solo a ellos, sino también a los particulares que fueron coautores de tales ilegalidades. En estas infracciones hay quien paga y quien recibe. La indignación de la ciudadanía aumenta, porque no se recuperan los valores de la gigantesca corrupción que, según los cálculos más conservadores, superan los USD 30 mil millones.

Da pena leer declaraciones como las de la Subsecretaria Anticorrupción publicada el 6 de este mes en El Telégrafo, en las que, como gran resultado, señala que se han detectado USD 30 millones de la corrupción en Suiza y 5 en Panamá. Al mismo tiempo confiesa que “tenemos problemas con los jueces, no hay diligencias definidas o difieren las audiencias”; y que, “queremos el apoyo de instituciones para suscribir un convenio con la Procuraduría y la Fiscalía porque cada una hace un esfuerzo independiente”. Es decir, perdida en cuestiones intrascendentes. ¿Qué pasa con los enormes perjuicios por la venta del crudo a Petrochina, y ¿qué con las grandes obras de infraestructura entregadas a empresas de ese mismo país? ¿Y los viajes de los aviones presidenciales a paraísos fiscales? El presidente de la República, en su posesión, prometió luchar sin cuartel contra la corrupción y ofreció crear, con el apoyo de Naciones Unidas, un sistema que permita sancionar a sus responsables y recuperar los valores mal habidos. Las cifras son tan monstruosamente altas que si se lograría traer el 50% de lo robado, el país habría solucionado el gravísimo problema fiscal que le dejó Correa, causa principal del actual estancamiento.

Es verdad que el gobierno de la década perdida, que controlaba todos los poderes del Estado, colocó en puestos claves a sus incondicionales para que bien cubiertas sus espaldas, puedan disfrutar de los bienes mal habidos y luego regresar como “salvadores de la Patria”. Y varios de estos personajes todavía se mantendrían en esas posiciones, algunos inclusive en la propia presidencia de la República.

Hasta mayo del próximo año, habrán transcurrido las tres cuartas partes del período presidencial y se entrará de lleno en la campaña electoral para las elecciones generales de 2021. Por tanto, en poco tiempo el gobierno habrá perdido el poco impulso que le queda, sin que la prometida lucha contra la corrupción haya sido realidad. Es verdad que el Ejecutivo no puede, ni debe, influir sobre los jueces, pero tampoco puede limitarse a mirar el transcurrir del tiempo sin que se cumpla el mayor anhelo de los ecuatorianos.

frosales@elcomercio.org