Carlos Larreategui

¿Hasta cuándo?

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Miércoles 07 de septiembre 2011
7 de September de 2011 00:02

Semana tras semana, el Gobierno Nacional comete excesos y atropellos que confirman hasta la saciedad su vocación totalitaria y el desprecio que guarda por el Estado de Derecho y el imperio de la ley. Sus actos demuestran también un enorme desconocimiento de la cosa pública. En menos de tres días, el Gobierno ha procedido de manera inconstitucional e ilegal en dos asuntos sustantivos: la intervención de la Función Judicial y la conformación de los Consejos que regulan la Educación Superior. Adicionalmente, y como ejemplo más de novatada que abuso, la Cancillería anunció la designación de la nueva Embajadora ante la Casa Blanca, sin esperar a que las relaciones diplomáticas se hayan normalizado plenamente y se haya otorgado el beneplácito de rigor. El Canciller y la futura Embajadora se han mostrado exultantes ante la posible regularización de las relaciones con el denostado “imperio”. Entretanto, los EE.UU. ha guardado un silencio total.

Al intervenir la Función Judicial mediante una declaratoria de estado de excepción, el Gobierno de Alianza País ha consumado el quebrantamiento del Estado de Derecho que arrancó con el cierre del Congreso, la toma del Tribunal Constitucional, y la abolición de la Constitución mediante una Asamblea Constituyente arbitraria e ilegítima. Más allá de las razones prácticas que se invocan para justificar la intervención en la Justicia, el Decreto borra de un plumazo la división de poderes. Las causales que justifican una medida de esta naturaleza son precisas y se relacionan con una conmoción imperante -no sobreviniente como señala el Decreto- que no puede ser controlada por los mecanismos ordinarios que establece el ordenamiento.

Parecería que los mayores sorprendidos por esta decisión son los propios funcionarios del Régimen. En una entrevista televisiva, el Ministro de Seguridad palideció al ser preguntado sobre el alcance del Decreto y el significado de la “movilización” declarada. Ningún vocero oficial ha explicado coherentemente cuál es el estado de conmoción existente y por qué la crisis crónica de la Función Judicial no puede ser resuelta bajo procedimientos ordinarios.

En otro orden de cosas y utilizando la línea arbitraria de siempre, el Gobierno tomó el control total de la Universidad mediante la expedición de un Reglamento y la designación ilegal del nuevo Presidente del Consejo de Educación Superior (CES). Tal como lo denunció EL COMERCIO, el nuevo titular del CES tiene ahora cuatro sombreros incompatibles entre sí. Estas acciones se producen en abierta violación de la Constitución y la Ley de Educación Superior y ponen finalmente de manifiesto la intención original del Gobierno de apoderarse de los órganos que regulan la Universidad ecuatoriana y pisotear el principio de autonomía.

¿Hasta cuándo tanto atropello?