El consenso entre la gran mayoría de los colombianos respecto a que es preferible un país en paz a uno sometido a los rigores de un conflicto que ya suma cinco décadas no implica, por desgracia, un inmediato acuerdo sobre el camino para alcanzar la anhelada meta.
Así, conforme avanza el proceso y la posibilidad de la firma de un pacto se hace cada vez más sólida, es indispensable poner sobre la mesa las diferencias para construir desde la sociedad civil convenios que pavimenten el camino que se recorre en Cuba.
Es esto lo que pretende la iniciativa emprendida por esta Casa Editorial, de realizar debates sobre temas cruciales para este intento de paz. El primero de ellos tuvo lugar en Bogotá, sobre la situación de las víctimas, asunto que es oportuno tocar por su importancia, desde luego, pero también porque, muy pronto será el que ocupe a los negociadores. Los diferentes puntos de vista expresados permiten concluir que es empinado, mas no infranqueable, el sendero que se aproxima en una materia cuyo nudo gordiano lo marca el encontrar las cantidades de verdad, justicia y reparación de las que podrán gozar quienes han sufrido en carne propia la guerra.
Balancear esta ecuación es el gran reto que hoy por hoy encaran los que están sentados a la mesa, pero también la sociedad colombiana. Íntimamente ligada a él está el desafío de que el Estado y en particular la subversión repitan la película de sus excesos desde el lugar de quienes los padecieron y aceptar cuotas de responsabilidad en una barbarie cuyo fantasma solo podrá encerrarse entre muros de verdad, que también habrá que aportar.
Hay que partir de la premisa de que el costo de la paz se tasa en las proporciones de cada uno de ellos que sea preciso sacrificar. Pero así como es importante consultar a la ciudadanía una vez se llegue a un destino, nada impide, y sí mucho ayuda, darles voz a las víctimas en el escenario de la negociación. Por supuesto, no pueden estar todas sentadas a la mesa. De ahí la importancia de que quienes las representen tengan suficientes legitimidad y poder decisorio. Tan relevante como lo anterior es evitar su revictimización. Como ya se ha dicho desde estos renglones, deben ser tratadas como ciudadanos que acceden a unos derechos, no como mendicantes de dádivas estatales.
Así mismo, dentro del capítulo de las víctimas se incluye una larga lista de preguntas todavía sin respuesta, que también salieron a flote. Tienen que ver, por ejemplo, con la suerte que correrán los miembros de la Fuerza Pública que han sido victimarios y cuál será el castigo para la guerrilla. En este sentido, merece ser incorporada a la discusión la propuesta del Fiscal General sobre tribunales especiales para la subversión.
Se viene para Colombia un esfuerzo enorme. Habrá que sanar heridas profundas y, luego, mirar hacia adelante. Cuantas más voces diversas, como lo es el país, se sumen a la tarea de trazar el camino, más estable y duradera será la paz y menos los riesgos de palos en la rueda. Ese es, por lo pronto, el reto.