Una lógica de guerra circula por las venas de los procesos políticos que se autoproclaman libertarios y bolivarianos. Para sus líderes y operadores, ni dentro ni fuera hay adversarios legítimos, sino enemigos. Están en la política, en los medios de comunicación, entre los empresarios, los estudiantes y muchos otros. Su discurso y gestión de guerra golpea los principios básicos de la democracia.
En lugar de potenciar instituciones independientes, generar instancias de deliberación, promover una ciudadanía crítica, rendir cuentas y apoyar la transparencia -puntos elementales de la convivencia en democracia– se encierran y buscan el mayor poder posible. Todo se justifica pues hay una guerra en marcha. La revolución contra el imperialismo, la CIA, la derecha fascista, el empresariado voraz y los medios de comunicación, requiere mantener la guardia en alto.
Con tal lógica se creó en Venezuela el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), y se entrenan a grupos de ciudadanos afines al oficialismo para defender la revolución -algunos de ellos armados–, además de sumar adeptos por mecanismos clientelares.
En Argentina el Gobierno está cerca de los llamados piqueteros, que pueden cerrar una calle o movilizarse cuando el poder manda. También se dictan leyes contra los medios de comunicación, igual que en Ecuador. Y como la guerra exige atrincherarse, lo mejor es contar con la posibilidad de una reelección presidencial indefinida.
En cuanto a la disidencia, la consigna es acorralarla, perseguirla y evitar que se manifieste en la calle. No hay espacio para los acuerdos.
En el Cesppa, por ejemplo, se procesa, filtra y censura toda información “asociada a la actividad enemiga interna y externa”. El tipo de postulados de este organismo evoca la doctrina de seguridad nacional usada en los años 70 y 80 por dictaduras militares. Sin control social, rendición de cuentas y en total opacidad, es un censor implacable.
El discurso del oficialismo en Ecuador, que presentó las últimas elecciones seccionales como escalón de una guerra contra los enemigos, es otra expresión de esa concepción, igual que el carácter castigador de leyes penales y de comunicación.
En Argentina pasa algo similar, también en Bolivia y Nicaragua. Convencidos de que lo suyo es una revolución contra la maldad, están dispuestos a jugar incluso obviando la ética, violando leyes o creando aparatos de propaganda asfixiantes.
La realidad está reducida a una lucha entre buenos y malos.
Protestar contra la inseguridad y la inflación, denunciar la ausencia de libertad de expresión y votar por la oposición, no son ya expresiones legítimas de ciudadanía, sino engranajes de una conspiración internacional.
Democracia damnificada.