Golpe al sistema productivo
Columnista invitada
Aprendí en la formación de economista que la riqueza de un país está dada por la cantidad de bienes y servicios que produce y quién lo hace es el sector productivo; es decir, las empresas. Las hay grandes, medianas y pequeñas y su producción conforma lo que conocemos como Producto Interno Bruto (PIB). Este indicador es el determinante en el crecimiento de un país y, por ende, en su nivel de desarrollo. Efectivamente si el país crece a una tasa sostenida de más de 6% puede considerarse desarrollado, mientras que si lo hace a menos del 2% puede estar al borde del subdesarrollo.
Para que exista la producción de bienes y servicios requeridos y la población pueda acceder al progreso, es importante que existan las condiciones necesarias. Equivaldría a decir mediante una simple analogía: una casa en orden, donde existan las condiciones, medios, recursos para materializar tales productos. Lamentablemente, en nuestro caso, quienes hacen política y definen el marco que posibilita la producción no han entendido muy bien el rol del sector productivo en la economía y deslumbrados por la exportación de recursos naturales en su orden, y sus precios, como en el caso del petróleo, han restado importancia a la valía de las empresas y su desempeño.
La política económica de gobiernos anteriores, como la de los presidentes Bucaram y Gutiérrez, desordenó la casa, con lo cual se dificultó el incremento de la producción real y su participación porcentual en la producción bruta total, coartando así la pretensión de reducir la dependencia de ingresos nacional a un solo producto, el petróleo. Pero emergieron nuevas empresas sobre todo pequeñas y medianas, explicable por el horizonte global y los objetivos de la academia orientados a la formación de emprendedores.
El gobierno actual, a través de su política y los proyectos de ley, herencias, plusvalía y otros, se ha pronunciado sobre la democratización de las empresas familiares, lo que teóricamente significa que personas externas entren a formar parte de las existentes, lo cual no es comprensible ni explicable por lo siguiente: primero porque el ser empresario exige una vocación y formación cada día más exigente, dadas las condiciones de competitividad del mercado internacional; y segundo porque una verdadera democratización tiene sus mecanismos propios, como es la sociedad anónima y el mercado de valores y los empresarios lo saben, lo que evidencia que estas propuestas son claramente políticas y clientelares. Por esto, esta legislación propuesta no solo que desordena la casa empresarial, de por si débil que ha tenido el Ecuador, sino que destruye sus estructuras.
Muchos empresarios hablan de sacar su capital fuera, hacia países ordenados y estables y otros seguramente ya no invertirán y evitarán así el riesgo de que su trabajo pertenezca a quienes nunca colaboraron en el esfuerzo que significó emprender, mientras si así sucede la economía deberá abastecerse desde fuera, igual que lo está haciendo Venezuela, con el peligro de que un día haya oferta y otro no, el desempleo subirá y los precios también. El PIB caerá y con él, el bienestar.