Fernando Lugo, hasta hace pocos días presidente del Paraguay, acaba de ser destituido por el Congreso de su país, tras la realización de un juicio político que ha llamado la atención por el cometimiento de una serie de irregularidades.
La causa principal de su destitución ha sido un presunto “mal desempeño en sus funciones” tras el desalojo de campesinos “sin tierras” en la localidad de Curuguaty. Esto produjo un enfrentamiento que dejó como saldo la muerte de seis policías y 11 campesinos.
De acuerdo con las declaraciones del propio ex presidente, el enjuiciamiento emprendido por la legislatura ha violado principios y garantías constitucionales. Se trataría entonces, como ha afirmado Fernando Lugo, de un “golpe parlamentario”. Algo similar a las interrupciones democráticas que tuvimos en Ecuador.
En el caso de Paraguay se evidencian varios aspectos. En primer lugar, Lugo ha sido removido de su cargo no tanto por los errores en el manejo de la crisis de Curuguaty y que produjo la muerte de 17 personas sino por la pérdida de apoyo en el parlamento. El error de Lugo radica en que, pese a haber llegado a la presidencia a través de una coalición de partidos y movimientos sociales denominada “Alianza Patriótica para el Cambio”, los candidatos a la legislatura fueron del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Lugo nunca tuvo control de PLRA y peor aún del parlamento. El choque con la poderosa y añeja estructura partidaria del Paraguay le costó caro. Por eso, aunque puede ser ilegítima la acción del vicepresidente Franco, es legal.
En segundo lugar, la salida de Lugo tiene también, para mi forma de ver, razones económicas. Uno de sus principales ejes de gobierno fue la reforma agraria. Al inicio de su mandato el 45% del total de comunidades indígenas no tenían acceso a la tierra. Con el fin de cubrir este déficit, Lugo tituló en los últimos años 128 mil hectáreas. Esto se realizó en desmedro de hacendados y grupos tradicionales de poder que todavía tienen gran influencia en el Paraguay, con vínculos en el Partido Colorado y en el Partido Liberal Radical Auténtico. En consecuencia, la regulación de la propiedad de la tierra no ha sido tolerada por los grandes latifundistas.
En tercer lugar, la destitución de Lugo ha dejado en evidencia la debilidad de la institucionalidad democrática. El Estado sigue siendo un espacio de disputa del poder oligárquico.
Esto deja varias lecciones para la región. La alternativa no es la concentración del poder, las reinstauraciones autoritarias y los presidencialismos reforzados como es el caso de Ecuador, sino más bien la plena vigencia del Estado de derecho. Algo que exige Correa a Paraguay pero que sin embargo deja de lado cuando se trata de aplicarlo a nivel interno.