Han transcurrido cerca de ocho años de los aciagos sucesos del 30 de setiembre del 2010 y han vuelto a tener actualidad una vez que han surgido varios cuestionamientos al empecinamiento del ex presidente Correa y sus acólitos de que se trató de intentos de golpe de Estado, secuestro y magnicidio, pero ha quedado claro que se trató, en realidad, de una insubordinación de la tropa de la Policía Nacional de reducidos grupos de miembros del Ejército y de la Fuerza Aérea en protesta por la expedición de la Ley de Servicio Público, que consideran que les es perjudicial.
Más aún, analistas políticos coinciden en que el ex Mandatario originó el problema o, por lo menos, lo agravó al meterse personalmente en el avispero, en alarde de su típica arrogancia y enfatizar ante los amotinados que no daría pie atrás en lo que respecta con la mencionada ley y retarlos a que lo maten, si tenían valor suficiente, lo cual nadie intentó.
Otro episodio vergonzoso que ha salido a relucir en estos días es aquel protagonizado por la denominada “Comisión de la Verdad”, conformada por tres sumisos colaboradores de Correa, para que investigue pormenores del tristemente célebre 30-S y concluyó que se trató de “un golpe blando” e intento de secuestro y magnicidio, pero el ex contralor Carlos Pólit, reveló hace pocos días, desde su refugio en Miami, que esa Comisión contrató la manipulación de fotos y videos con el propósito de tergiversar la realidad de los hechos y el entonces presidente de la AsambleaNacional, José Serrano, solicitó que se investigue un informe reservado sobre cobros ilícitos de fondos de la nefasta Secretaría de Inteligencia, SENAIN perpetrados por los susodichos comisionados, dos de los cuales continúan en altos cargos públicos.
Ahora los policías y militares, que suman 298 en el país, procesados por los mencionados incidentes insisten en su pedido de amnistía o anulación de los juicios, ya que, afirman, tienen evidencias de la alteración de pruebas y la parcialización de jueces que cumplían consignas.
Vale recordar, como ejemplo de la forma sesgada en que actuaron algunos jueces, el atropello a la libertad de prensa, que tuvo trascendencia internacional: la sentencia impuesta a los directores y al editor editorial del diario El Universo, de tres años de prisión y pago de 40 millones de dólares como indemnización al Mandatario de entonces, por la publicación de un artículo que lo consideraba lesivo, sanción que no llegó a cumplirse, por las múltiples críticas y presión desde fuera y dentro del país.
Mientras tanto exigen justicia los familiares de las cinco inocentes víctimas que cayeron en esta ciudad y de las cinco más que perdieron la vida en otras ciudades del país por la insubordinación de los policías y la bravuconada presidencial, que ocasionaron la orfandad de unos cuantos niños, soledad y angustia de algunos padres y viudas y una página más de vergüenza de la década correísta.