Este 14 de mayo, prefectos, alcaldes, presidentes de juntas parroquiales y demás autoridades locales cumplen un año en funciones.
Aunque los primeros seis meses generalmente se destinan a planificar y consolidar el equipo de trabajo, dar seguimiento y continuidad de los proyectos iniciados en administraciones anteriores, un año debería ser un lapso más que suficiente para comenzar a mostrar los primeros resultados. Es decir, no solo ofrecimientos sino acciones concretas para solucionar los problemas que tienen los territorios en diferentes ámbitos.
Una nota publicada en días pasados en este diario destaca que buena parte de los esfuerzos hechos por los alcaldes del país en este primer año de labores se ha volcado a la ejecución de obras en el campo de vialidad, mercados, terminales de buses, agua potable y alcantarillado.
En el caso de Quito destacan como principales iniciativas municipales el proyecto del Metro, Quitocables y repotenciación del sistema Trolebús. En Cuenca, la construcción del tranvía, obra valorada en USD 231 millones. En Guayaquil, el proyecto “Guayaquil Digital”, que consiste en instalar cerca de 6 mil puntos de Internet gratuito en un lapso de cinco años. En Ibarra, la construcción de 13 polideportivos. En Manta, la culminación del terminal terrestre. Así se podría seguir enumerando obras.
Sin embargo, pese a que este tipo de proyectos son importantes para las ciudades, las autoridades locales deberían vincular su gestión a las prioridades fijadas en sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial. El derroche de recursos en proyectos poco prioritarios no permite que los municipios, por ejemplo, destinen sus esfuerzos a solucionar las falencias en la dotación de servicios básicos como agua potable, alcantarillado, manejo de desechos sólidos y el tratamiento de aguas residuales.
De este modo, así como es fundamental contar con servicios públicos de calidad, las autoridades locales no deberían perder de vista otros factores que son esenciales para el desarrollo. Me refiero a las acciones que se pueden emprender en el campo productivo, social y ambiental.
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) deberían poner especial atención a la promoción del desarrollo económico local, la implementación de políticas sociales e iniciativas dirigidas a grupos de atención prioritaria, el desarrollo de planes de mitigación de riesgos frente a desastres naturales, la reducción de la contaminación ambiental, solucionar los problemas relacionados con el tráfico, programas de cuidado de áreas protegidas y lechos de agua.
Por ello, más que obras de relumbrón, el desafío de las autoridades locales reside en mejorar los niveles de desarrollo, romper con desequilibrios regionales, mejorar la participación ciudadana en la toma de decisiones y promover una mayor articulación entre los diferentes niveles de gobierno.