Después de seis años de dudas, indecisiones, explicaciones y excusas, el presidente Barack Obama finalmente le puso el cascabel al gato. Ahora les toca a los republicanos decidir si se atreverán a bloquear la medida que les permitiría a unos seis millones de personas vivir y trabajar sin temor a la deportación o si la razón y la compasión prevalecen y le encuentran una solución al asunto.
Obama finalmente cumplió su promesa de llegar hasta el límite de sus facultades legales para favorecer a los inmigrantes indocumentados con una medida que, entre otras cosas, difiere temporalmente la deportación de millones de personas sin papeles migratorios y les otorga un permiso de residencia temporal y de trabajo.
No fue una decisión fácil para el Presidente, porque había que encuadrar sus atribuciones dentro de un marco legal y asegurarse de que no se lo podía acusar, con fundamento, de abuso de poder.
Los tiempos políticos tampoco eran los más propicios. El Presidente sigue contando con la aprobación de casi la mitad de los electores, pero es profundamente impopular en la mayoría de los estados donde su partido perdió recientemente las elecciones que cambiaron la composición del Congreso.
Sabemos por las encuestas que la mayoría de los estadounidenses quieren que se reforme el sistema migratorio y que estarían dispuestos a apoyar la legalización de los casi 11 millones de indocumentados como una solución pragmática del asunto.
La medida presidencial no es, para nadie, la solución ideal del problema. George W. Bush batalló los ocho años de su presidencia con la facción más reaccionaria de su partido en el Congreso para intentar convencerlos de la necesidad de reformar el obsoleto sistema migratorio del país, y no pudo.
Lo mismo sucedió con Obama desde su elección hasta la fecha. En el 2013, el proyecto de ley de reforma migratoria que fue aprobado con el apoyo de ambos partidos en el Senado fue turnado a la Cámara Baja para su consideración, pero no hubo manera de convencer al mismo puñado de fanáticos ultraconservadores republicanos de la necesidad de aprobarlo.
En esta ocasión, quizá la más clara para llegar a un acuerdo, el líder de la mayoría republicana se negó a presentarlo a votación por miedo a exponer públicamente las profundas divisiones ideológicas dentro de su partido.
Así las cosas, a Obama no le quedó más remedio que emitir una orden ejecutiva que le permite modificar la aplicación de una ley existente. Sin embargo, los menores de edad no acompañados que entraron al país durante el 2014 no califican para permanecer en el país y están ya siendo deportados.
El futuro de los indocumentados favorecidos está ahora en manos del Partido Republicano en el Congreso.