El Gobierno repite el libreto
La última semana, el malestar ciudadano se ha expresado en las calles de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Galápagos. La principal protagonista de las manifestaciones es la clase media.
Una clase media que se autoconvocó por las redes sociales, que se convirtieron en una poderosa herramienta de comunicación, y de hecho es hoy por hoy un espacio de desfogue, de desahogo frente a las preocupaciones cotidianas del país.
El desencadenante de las últimas protestas es el envío de los proyectos de impuestos a las herencias y la plusvalía del Ejecutivo a la Asamblea. Y la reciente aprobación de la Ley de Galápagos. Las propuestas se remitieron, pese a las alertas de malestar que han expresado diversos sectores sociales, desde que el presidente Rafael Correa instalara el tema en el debate público.
El germen del descontento no es reciente. Se sembró en abril pasado, cuando la Asamblea aprobó la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar. La normativa incluyó la afiliación de 1,5 millones de amas de casa al IESS y derogó la entrega obligatoria del 40% del aporte estatal para las pensiones jubilares. Entonces, las protestas de los jubilados y de los afiliados fueron ostensibles en la marcha del Primero de Mayo por el Día del Trabajo, que convocó a miles de personas en varias ciudades del país.
Sistemáticamente, el Gobierno ha apelado al mismo libreto para responder a las exigencias y reclamos ciudadanos: la confrontación. La premisa es que quienes protestan buscan desestabilizar al Régimen, regresar al pasado, a la larga noche neoliberal.
No obstante, en esta ocasión el escenario cambió. La clase media no solo ve amenazado su patrimonio (por la carga sistemática de impuestos) sino la herencia para sus hijos.
Por lo pronto el oficialismo ha iniciado una campaña agresiva para informar sobre las bondades de las reformas. Aún está por verse si esa estrategia le alcanza, en medio de un panorama cada vez más convulsionado.
