Nadie, con un mínimo de sensatez, podrá negar que el gravísimo problema de coyuntura de nuestros días es el estado de mora en los pagos en la economía ecuatoriana. Un estado de cosas en el que el deudor que más gravita es el Estado, con la secuela de afectación en todos los órdenes. Y lo más sensible está en la caída del empleo, por despido o renuncia negociada y por falta de plazas de trabajo.
En crisis graves, es esencial bajar los niveles de confrontaciones irritantes y propiciar consensos. Lo que no significa dejar de pensar en temas estructurales, pero estos deben ser tratados con racionalidad fuera de la pasión política.
En esa óptica parece positivo que se den cambios en la legislación laboral, aun cuando se propongan formas que semanas atrás se habrían tachaban de relaciones precarias.
El Gobierno se ha pasado años imponiendo rigideces e inflexibilidades laborales, además descalificando en las frases a los sectores empresariales, cuando lo necesario no eran rigideces ni inflexibilidades, sino que era y es que se den controles para evitar abusos.
Lo importante en la nueva legislación laboral será que no se quede en textos cuestionados por trabajadores y empresarios, en forma tal que en los hechos no sirva para mantener y generar empleos. Para ello debe propiciarse consensos a los que no se llega por la descalificación de los que piensan diferente.
Si es preocupante que en la fraseología de estos días se introduzcan irritaciones por temas estructurales que habrían podido tocarse en los nueve años del actual Gobierno, si se pensaba lo que ahora se anuncia, pero que hoy -en lugar de generar soluciones-provocan confrontaciones. Ese es el caso de decir que no hay razón para que existan en seguridad social los regímenes autónomos diferentes del Issfa y el Isspol, las entidades de seguridad social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. O que se cuestione la estructura de ingresos y de jubilación de la oficialidad comparándola con la de la tropa.
O que se llegue hasta impulsar el llamado Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, que crea una unidad civil armada -el Servicio de Protección Pública (SSP)-, paralela a la Policía y a las Fuerzas Armadas y dependiente directa del Presidente de la República y del Ministerio del Interior, en cuyo Art. 170, numeral 7, se establece que cuando los riesgos de seguridad sean elevados, el SSP liderará la coordinación y las actuaciones con las FF.AA. y la Policía.
¿Las instituciones históricas bajo un mando no profesional, sino político, de seguridad?
¿Es explicable, en la coyuntura, activar confrontaciones con las actuales instituciones armadas en el Ecuador y/o irritar la relación entre sus mandos y la tropa?
Parece de orates – personas de poco juicio, moderación y prudencia-.