Lolo Echeverría Echeverría

Gobernar es controlar…

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Sábado 09 de marzo 2019

La maravilla del siglo, el internet, tiene muchos detractores que aborrecen lo que caracterizan como mezcla de verdades y mentiras, manipulación de los usuarios y reducción de la capacidad crítica. El rechazo se torna masivo cuando se trata de las redes sociales porque se considera que alimentan el narcisismo, provocan dependencia, promueven relaciones sociales irrelevantes, alejan de la vida real y nos acostumbran a expresar opiniones lapidarias que no requieren de razonamientos ni pruebas.

Esto último se torna inquietante si se considera que las redes sociales se han convertido también en instrumentos de gobierno. Los mandatarios de todas las latitudes resuelven problemas de economía, geopolítica o corrupción con un simple tweet. No tienen que someterse a las molestas repreguntas ni fundamentar lo que sostienen. Definitivamente no hay un uso responsable de las redes sociales.

Afortunados como somos, ya tenemos un legislador que resolverá el problema dictando una ley que nos obligue a hacer un “uso responsable de redes sociales”. El proyecto que impone sanciones administrativas y hasta cárcel para quienes no usen responsablemente las redes sociales, fue presentado seis días después de la solemne adhesión del gobierno a la Declaración de Chapultepec y el autor pertenece al partido de gobierno.

Entre los principios que defiende la declaración de Chapultepec se dice que toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos. El regulador de las redes sociales no ha leído esta declaración. No es extraño puesto que, al parecer, no ha leído ni las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación porque fundamenta el proyecto en el derogado artículo 26 que creaba el malhadado linchamiento mediático.

El salvador de las redes no solo se lleva mal con la Ley de Comunicación y con los acuerdos internacionales, también se lleva mal con la gramática; casi todos los artículos amenazan con sanciones civiles o penales, pero es muy difícil adivinar cuál es la infracción sancionada debido a la risible redacción. El artículo cuarto, por ejemplo, establece una prohibición y una sanción, el resto no se entiende:

“Art. 4.-Prohibición. La presente ley prohíbe la divulgación de información falsa, o que no se la haya obtenido por fuente confiables que perjudiquen a un tercero, ya sea persona natural, jurídica e incluso que ponga en peligro la seguridad estatal, y su sanción será la cual disponga la normativa pertinente de acuerdo al daño causado.”

El proyecto de ley está hecho con manos redondas, sin embargo es fácil advertir la intención de castigar cualquier información que moleste a terceros (léase políticos), o no tenga fuente confiable (léase fuente oficial). A los correístas enseguida se les ve la hilacha, no abandonarán jamás, por conversos que sean, la persuasión de que gobernar es controlar la información.