Farith Simon

Glas en el infierno

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Domingo 28 de octubre 2018


A usted no le tomará mucho tiempo encontrar en la Web las bondades que el oficialismo le atribuía a la Cárcel de Latacunga. Inaugurada en marzo del 2014, el Centro de Privación de Libertad Regional recibió reiteradas alabanzas por las facilidades que ofrecía. Rafael Correa la calificó en su momento de “maravilla”, sin dejar de resaltar que allí los detenidos tenían condiciones adecuadas y dignas. Repentinamente este lugar, presentado como el ejemplo máximo de la mejora de la rehabilitación social en el país, se convirtió en algo muy parecido a un infierno. Correa incluso comparó el traslado de Glas a esa cárcel con una ‘táctica nazi’ de disuasión.

Al margen de la exageración e inconsistencia de los correístas, el gobierno de Lenin Moreno se equivocó nuevamente. Durante meses trató a una persona condenada por un delito de forma diferenciada. Su actividad política y sus relaciones le daban acceso a beneficios que legalmente no le correspondían, fortaleciéndose la idea de que vivimos en el país de los privilegios, que tener alguna forma de poder otorga una suerte de patente para ser tratado por fuera de la ley en las pequeñas y en las grandes cosas.

Luego de que el Gobierno de Moreno fuera ridiculizado por la fuga de Fernando Alvarado, en medio del desconcierto y la falta de respuestas, el traslado de Jorge Glas a Latacunga se interpretó como una medida desesperada para desviar la atención pública sobre la negligencia de algunas instituciones en la fuga de un investigado por corrupción. En unos pocos días vimos cómo se transformó la aplicación de la ley a un condenado en una injusticia, en un acto de venganza vaciado de su sentido simbólico (que toda persona sea tratada como igual ante la ley); dejando en claro que el respeto a las reglas depende del ánimo y voluntad del que toma las decisiones, profundizando la sensación de que no vivimos en un Estado de Derecho, en el que el deseo de los gobernantes, y no las reglas, rige la vida en sociedad. Al parecer la discrecionalidad y el tratamiento de excepción aún son la práctica común que coloca a cada ciudadano en un estado de riesgo e incertidumbre permanente.

En más de una ocasión las organizaciones de derechos humanos denunciaron, y lo siguen haciendo, las condiciones de los privados de la libertad en Latacunga, las restricciones a las visitas por la distancia y la forma en que son tratadas, la falta de agua, las limitaciones de vestimenta, atención médica y alimentación. Todas estas denuncias fueron negadas y los denunciantes ridiculizados.

El cinismo y el inaceptable doble estándar de quienes comparan el traslado de Glas a Latacunga con una táctica nazi, y la tremenda negligencia (cuando no la corrupción) de quienes eran responsables del monitoreo del grillete electrónico, han escrito una nueva página de vergüenza que pone en duda a los derechos y el derecho como sustento de la vida en sociedad.