Seis años después de la caída de Muammar el-Kadafi, Libia sigue atrapada en el conflicto y el caos. Desprovisto de toda autoridad estructura de seguridad nacional, el estado libio ahora existe sólo de nombre. Es hora de una nueva estrategia -que EE.UU. debería respaldar activamente.
Libia tiene un gobierno reconocido internacionalmente: el Gobierno de Acuerdo Nacional, nacido del Acuerdo Político Libio de diciembre de 2015, firmado en Sjirat, Marruecos, bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Pero ese gobierno no sólo recibió un voto de no confianza de la Cámara de Representantes basada en Tobruk en agosto pasado, sino que hoy es cuestionado enérgicamente por otra entidad con sede en Trípoli, el Congreso Nacional General, controlado en gran medida por grupos islamistas. La conclusión es que Libia hoy está dirigida por una infinidad de grupos criminales y milicias armadas de estilo mafioso. Su lealtad está dividida entre los dos gobiernos rivales, al Qaeda y Estado Islámico (EI), que ve al país como una provincia de su califato declinante y un refugio importante para sus miembros que escapan de la guerra en Siria e Iraq. Olas descontroladas de inmigrantes están cruzando el Mediterráneo e ingresando en Europa.
En lugar de resolver el conflicto libio, el acuerdo de 2015 simplemente lo reformuló. El texto engorroso creó un “consejo presidencial” encargado de nombrar un gobierno de unidad nacional y un consejo de asesores. Su objetivo subyacente era garantizar una transición inclusiva hacia una gobernancia democrática y una integración territorial.
Sin embargo, la estrategia establecida en el Acuerdo Político Libio ha demostrado ser completamente inviable. Quizá no debería sorprender: el acuerdo da muestras de una falta asombrosa de perspectiva histórica y de sensibilidad cultural. La historia colonial y post-colonial de Libia refleja una resistencia a las instituciones centralizadas. En consecuencia, el país carece de una identidad nacional compartida -una realidad que la guerra civil ha agravado-. La categoría de Estado llegó en 1951 a través de una constitución que equilibraba el poder centralizado con una amplia autonomía para las regiones históricas de Libia, Cyrenaica, Tripolitania y Fezzan.
Según la constitución de 1951, la monarquía federal estaba liderada por el rey Idris as-Senussi, el arquitecto de la Libia moderna y nieto del fundador de la dinastía. Como jefe de Estado, Sanussi nombró un primer ministro y un consejo de ministros, responsables ante el rey y la Cámara de Diputados, la cámara baja de una legislatura bicameral.
Para reflejar la estructura regional del país, la cámara alta de la legislatura, el Senado, estaba conformada por ocho representantes de cada una de las tres regiones históricas. La capital nacional alternaba entre Trípoli y Bengasi.
Project Syndicate