A pocas semanas de su salida del poder, el presidente Rafael Correa persiste en la que ha sido una constante durante su Gobierno: la injerencia en otras funciones del Estado.
En esta ocasión se trata del caso Odebrecht. Concretamente de la investigación que involucra al exministro de Electricidad, Alecksey Mosquera. Según difundió inicialmente la Fiscalía, Mosquera supuestamente recibió un pago de USD 1 millón para agilizar el trámite relacionado con la construcción del proyecto Toachi Pilatón.
En su última sabatina, Correa dijo que no había relación entre Toachi Pilatón y el pago a Mosquera, lo cual es “un invento de la Fiscalía”, pues esa transferencia se realizó en el 2011, cuando Mosquera ya no era funcionario de su Gobierno. El domingo la Fiscalía se retractó. Aclaró que cometió en error al vincular el pago con ese proyecto.
Más allá de este desconcertante giro, al ser una investigación en curso, recopilar las evidencias y fundamentar el caso es una responsabilidad del fiscal a cargo, no del Presidente, que por prudencia debería abstenerse de pronunciarse en este proceso, porque precisamente funcionarios de su administración están bajo sospecha.
En varias ocasiones, organismos internacionales han cuestionado la presión que ejercen Correa y sus funcionarios sobre las decisiones de jueces y fiscales. Eso es fundamental para cimentar la independencia de las instituciones.
Desde que en diciembre pasado se supo -sin revelar nombres- que funcionarios de este régimen habrían recibido supuestos pagos por USD 33,5 millones de Odebrecht, la Fiscalía, a cargo de Galo Chiriboga, ha avanzado a paso lento en sus pesquisas. El período de Chiriboga está por concluir en las próximas semanas. Su sucesor Carlos Baca Mancheno, quien fue asesor de Correa, no ha dado muestras de ser independiente del poder político. Es más, la semana anterior participó en un encuentro de la cúpula de Alianza País. Eso despierta más dudas sobre cómo llevará la investigación en este delicado caso.