Más allá del resultado electoral que siempre es posible forjar con manipulación y propaganda, la consulta, de partida, representa una derrota política para el Gobierno. Las deserciones y fracturas internas ocurridas en Alianza País (AP), anticipan tal desenlace y corroboran la célebre sentencia de Demóstenes: “Cuando una batalla está perdida, solo los que han huido pueden combatir en otra”. Pensemos que una victoria en las urnas no constituye siempre una victoria política; una paradoja más de la política.
¿Qué factores condenan la consulta a una derrota irremisible? En primer lugar, la fragmentación y autofagia de la izquierda ecuatoriana que hasta hace poco cerraba filas alrededor de AP y proyectaba la falsa impresión de un proyecto ideológico sólido y masivo. La deserción de la nueva y vieja izquierda ha quitado el ropaje ideológico al Régimen y ha desnudado su vocación caudillista. A partir de ahora, será muy difícil presentar la revolución ciudadana como algo más que un pequeño grupo obsesionado por el poder y resuelto a conservarlo a cualquier precio. En segundo término y contra los cálculos del oficialismo, la consulta actuará como un catalizador que movilizará y organizará a muchos sectores opuestos, incluyendo las izquierdas desgajadas del Régimen. Si algo permitió consolidar el poder de AP fue la desmovilización y cooptación de las izquierdas y la desarticulación y estigmatización de los partidos y movimientos. Estos grupos intentarán ahora reconstituirse y recobrar la identidad perdida; surgirá, entonces, una oposición inédita cuyos alcances sobrepasan el ámbito de la consulta. En tercer lugar, no existe Gobierno que no haya fracasado en su intento por meter las manos en la Justicia. Los asaltos a la Función Judicial provocan siempre una lenta y sorda ira que termina en estallido. Regímenes tan disímiles como los de Febres Cordero y Gutiérrez ignoraron la ecuación y provocaron su estigma y su ruina. Finalmente, con la extinción de la denominada “partidocracia”, el Gobierno ha perdido la cabeza de turco que le permitía inyectar odio en las masas y movilizarlas en su favor.
A diferencia de los procesos electorales anteriores, el Gobierno deberá enfrentarse esta vez con izquierdas ideológicas, movimientos indígenas, policías y militares, maestros, servidores judiciales, iglesias, estudiantes, periodistas, medios de comunicación y todos aquellos innumerables sectores a los que el Gobierno ha maltratado y humillado. Por primera vez, la sociedad civil será el enemigo de Alianza País.
A pesar del ruido y fanfarria que aún provoca la propaganda oficial y sus enlaces, surge la imagen de un Gobierno aislado y sitiado. Favorecido y maldecido por los triunfos electorales fáciles, AP no comprende aún que el petróleo, las encuestas y la represión no bastan para gobernar un país.