Las administraciones seccionales requieren recursos debido a las grandes necesidades insatisfechas de las comunidades. Hay tantas obras por ejecutar que las asignaciones no alcanzan y los problemas socio económicos y ambientales se acumulan y se mantienen latentes, aunque en muchos casos endosan la responsabilidad al gobierno central, pero en los que les afectan invocan la autonomía política, administrativa y financiera consagrada en la Constitución y el Cootad.
Esa es la situación de la mayoría de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), pero uno de los principales problemas, como sucede con el uso de recursos fiscales, es la falta de control y calidad en el gasto público para los fines fundamentales como son el ordenamiento territorial y la atención de los servicios básicos, la solución de los problemas sanitarios, dotación de agua potable, alcantarillado, recolección de la basura, entre otros.
La mayoría de los 221 concejos no ha podido resolver estos problemas y están en la obligación de atender esas necesidades, fomentar ciudades sostenibles, seguras y resilientes, pero no funcionan a plenitud a pesar de las asignaciones que reciben y porque no priorizan los servicios. ¿Cuánto se les va en gasto corriente? Debieran emprender campañas para fomentar el compromiso para la reducción de riesgos, la resiliencia frente a fenómenos naturales que producen desastres. Eso evidencia la falta de responsabilidad para trabajar en prevención y hacer obras de mitigación.
La situación económica, en medio de la crisis, va a mejorar algo porque prevén contar con más recursos una vez que se publicara en el RO las reformas a la Ley de Régimen Tributario, que fija plazos para que el Estado pague la deuda por devolución del IVA y que permitirá a los GAD, universidades y escuelas politécnicas y empresas públicas quedarse con esos recursos. La pregunta es: ¿con ello van a mejorar los servicios básicos, dotación permanente de agua, obras sanitarias y mejorar la gestión y la atención de las demandas ciudadanas?
Muchos municipios pequeños no hacen autogestión y no generan recursos. Otros cobran hasta tasas de seguridad y el aporte para enfrentar a la delincuencia organizada es casi nulo. Otros con los impuestos que recaudan, préstamos recibidos y las asignaciones del gobierno central no han podido solucionar durante décadas los problemas básicos.
Cómo es posible que en provincias de la Costa no exista una plena dotación de agua potable a pesar de los recursos recibidos, las obras ejecutadas, los tendidos de tubería y las reservas naturales existentes. El problema es la pésima gestión político-administrativa. Hay cantones de Esmeraldas que llega por goteo el agua. Igual en otras provincias. En Manabí han pasado 5 años del último terremoto, hubo recursos para la reconstrucción y no hubo la debida atención.