Farith Simon

¿Una futura mala Corte?

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Lunes 14 de enero 2019

La relevancia de la Corte Constitucional en el diseño institucional y normativo del Estado ecuatoriano es indiscutible. La Constitución le otorgó un rol central en el control de todos los niveles del poder público e incluso de los particulares. Todo, como hemos podido atestiguar en estos años, puede ser reconducido a ámbitos de su competencia y allí la Corte, con buenas o malas razones, es capaz de modificar y condicionar normas, políticas públicas, decisiones económicas y judiciales, inversiones estatales o dirimir disputas políticas. Más de una voz sostiene que -al menos en el papel- se configuró una suerte de gobierno de los jueces. Pero el correísmo tenía un plan diferente, desde un primer momento controló su composición y la puso al servicio de su esquema de acumulación de poder, limitación de derechos y legitimación de sus actuaciones; en otras palabras, una instancia de poder al servicio del “proyecto”. La destitución de la Corte por parte del Consejo de Participación de Transición, tras una evaluación que dejó en claro el rol político que ésta jugó, abrió la puerta para un proceso de designación a punto de culminar.

Luego de años de concursos manipulados, el proceso llevado por una Comisión Calificadora -de muy alto nivel- ha marcado una clara diferencia con el pasado. No es un proceso exento de errores; algunos comisionados, especialmente en las comparecencias orales, dieron la impresión de colocarse en una posición de autoridad y de superioridad -innecesaria- frente a los candidatos. Las preguntas formuladas de manera oral debieron acordarse previamente entre los miembros de la comisión, reducírselas a escrito y sortearse en cada caso; así se habría evitado que algunos candidatos y críticos al proceso afirmen que no a todos se les sometió al mismo nivel de exigencia o que la calificación es subjetiva. Las preguntas del examen escrito debieron publicarse de forma inmediata y en conjunto con la clave de respuesta y cada uno los exámenes rendidos. Es criticable que no consten las calificaciones individuales de los comisionados asignados a las comparecencias orales; que -hasta este viernes- no se haya hecho público las hojas de vida de los candidatos (con soportes) para transparentar el porqué de los puntajes de la fase de méritos o el que no pueda encontrarse un análisis detallado de las impugnaciones.

La renuncia de una comisionada, que cuestiona a uno de los nueve mejor puntuados, ha sido aprovechada por sectores políticos interesados en que todo el proceso de transición sea un fracaso, a la que se sumaron algunos concursantes incómodos con sus calificaciones, poniendo en duda -de forma injusta- un proceso que pese a sus errores nos permite abrigar la esperanza de que finalmente, 10 años más tarde, el país podrá dejar atrás una mala Corte y que tendremos en adelante una Corte competente, independiente y plural, al menos las calificaciones y trayectoria, así como las cualidades humanas, de algunos de sus futuros jueces me hace abrigar esperanzas.

@farithsimon