Federico Chiriboga

Fundamentalismo

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Miércoles 18 de diciembre 2019

Días atrás fui a mirar lo que queda del edificio de la Contraloría y me produjo indignación. No solo por los destrozos producidos en el inmueble, sino por la estrategia y organización que requiere atacar un objetivo, con una intención concreta: acabar con los expedientes que podrían ser pruebas en imputaciones y juicios.

El ciudadano Vargas y sus compañeros de élite no pueden lavarse las manos. En los hechos de octubre participaron como un solo cuerpo los unos y los otros, apoyándose mutuamente.

El ciudadano Vargas es responsable de que el movimiento indígena haya perdido el apoyo y simpatía de amplios sectores de la población por sus justas reclamaciones. La nación cultural y el sentimiento de pertenencia a una historia, lengua y etnia, se ha ido convirtiendo en una nación política xenófoba, con pretensiones de contar con territorio y ejército propios y que ha generado un nacionalismo excluyente.

Como bien dice Borges el nacionalismo es el” canalla principal de todos los males. Divide a la gente, destruye el lado bueno de la naturaleza humana, conduce a la desigualdad en la distribución de las riquezas”. Lo que es más grave en un Estado/nación plurinacional, que admite nacionalidades dentro de un conjunto cultural más amplio, que es la Nación de todos.

Me temo que el movimiento indígena, bajo el liderazgo de Jaime Vargas, está en el camino del fundamentalismo, que divide la realidad y las personas en amigos/ enemigos, lo que impide el dialogo y lleva a la violencia y al desprecio al distinto. Solamente así se explican los actos atroces de octubre y la postura intransigente en las negociaciones con el Gobierno. Nuevos dirigentes indígenas deben romper con la posición equivocada del ciudadano Vargas, asesorado por mestizos a los que poco importa el desarrollo de naciones integradas en la plurinacionalidad de la gran Nación, y que se han tomado el movimiento indígena para convertirlo en fuerza de choque de sus proyectos político/ ideológicos.

No deja de sorprenderme que las Organizaciones de Derechos Humanos acusen a las fuerzas de seguridad del Estado de uso excesivo de la fuerza. Parecería que no se han dado una vuelta por lo que queda de Contraloría, que no se han informado de las invasiones a plantaciones florícolas, ni del asalto a una industria láctea. Tampoco de que secuestraron a buen número de policías y militares. ¿Será proporcional responder con chorros de agua y porras al ataque con bombas molotov e incendiarias y con morteros de fabricación casera? Para terminar, una última pregunta: ¿Militares, policías y los miembros de la sociedad que no intervienen en el conflicto, pero que sufren graves consecuencias, acaso no tienen derechos humanos?

fchiriboga@elcomercio.org