Columnista invitado
Las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes. Así lo acaba de repetir el Ministro de Defensa, a propósito de las manifestaciones de militares en servicio pasivo -que no tienen obligación de no deliberar-, ante la orden de debitar 41 millones de dólares de las cuentas del Issfa, por una diferencia en el precio de venta de lotes de terreno de ese Instituto al Ministerio del Ambiente, realizada en este mismo Gobierno.
Lo hace, al mismo tiempo que califica de sabelotodos y chiflados a generales y coroneles. Los manifestantes reclaman por ese débito que debilita la situación de los fondos de jubilación y más prestaciones, inquietos, seguramente, con lo sucedido antes con el IESS, al eliminar el aporte del 40% del Estado, al desconocer unilateralmente la deuda que el Estado tiene y al trasladar recursos del Fondo de Pensiones al de Salud.
El asunto tiene otra trascendencia al rechazar el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la orden de débito de las cuentas del Issfa que, según funcionarios públicos, emana de la Presidencia de la República, sosteniendo que la negociación realizada de buena fe no puede ser alterada sin orden de un juez de derecho.
Este es el pronunciamiento institucional ante la arbitraria instrucción administrativa, ya que si el Procurador tiene razón, el camino para rectificar lo rectificable es otro, no la orden de débito, provenga de quien provenga. Son las autoridades judiciales las que deben resolver, tomando en cuenta la opinión del Procurador del Estado, que pide y no ordena, y estableciendo, además, la responsabilidad de quien actuó mal, si ese fuera el caso.
Ya hubo una actitud -también institucional- de las Fuerzas Armadas, cuando el Alto Mando concurrió al juzgado en el que debía instalarse la audiencia de juzgamiento de altos oficiales en servicio pasivo, acusados de crímenes de lesa humanidad en relación con torturas infligidas a miembros de Alfaro Vive Carajo. Fue, sin duda, un elemento de presión que ha traído como consecuencia que ni siquiera se reinstale la audiencia fallida.
¿Por qué se producen estos hechos, que no deberían producirse? Porque el ambiente que vive el país conduce a eso. Suceden estas cosas cuando el Gobierno, el que fuere, cree que puede hacer lo que quiera, sin observar las leyes y procedimientos establecidos y sin tomar en cuenta realidades.
La utilización de los cuarteles para proclamas políticas, la manipulación en la selección de los mandos, el no apartar la relación del Gobierno con las Fuerzas Armadas de cualquier otro propósito que no se cobije en el respeto y el cumplimiento de la ley, tiene consecuencias, mediatas o inmediatas. No es coincidencia que estos sucesos se produzcan en los gobiernos autoritarios.
Cuando se llama a los militares a apoyar el “proyecto”, no debe llamar la atención que luego deliberen y no solo obedezcan.