La utilización de subterfugios es un indicio de la existencia de una agenda oculta, cuando las reales intenciones no pueden ser afrontadas con transparencia. Por esta razón, debido al espurio criterio de la innecesaridad de las FF.AA. y su subutilización se cree absurdamente que se las debe encontrar otro destino, transformándolas de una forma progresiva, paulatina y discreta ante la opinión pública, en gendarmería, o de forma abierta e irracional en guardabosques, aduaneros, cuidando dizque la dignidad del sueldo.
Estas peregrinas enmiendas sin el menor rubor se aparentan discutir en la Asamblea, para camuflar la decisión de afectar a la estructura del Estado relacionada con la defensa.
En paralelo y en asustadizo recorrido de los cuarteles, en lugar de aclarar estos mismos temas, se ha profundizado la desconfianza, lesionando la moral, el sentido de pertenecía y autoestima profesional de los miembros de una institución respetable y prestigiosa: FF.AA. Si no hay nada que afecte a las misiones de las FF.AA., en apoyo complementario a la Policía y si ya lo están realizando según la reforma a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, no es necesaria una enmienda del artículo 158 de la Constitución; al igual que el Issfa que tiene su ley y autonomía, ¿para qué garantizar desde el Ejecutivo su funcionamiento?
Las enmiendas a la Constitución no deben servir para esclarecer rumores infundados; a no ser que haya una agenda oculta, que en la práctica demuestran los recortes de personal, reducción de efectivos, reducción de aspirantes a la carrera militar. Que el Issfa pase a ser parte del IESS por el Seguro Social Universal.
Sería ingrato no reconocer el papel de las FF.AA. en la guerra del Cenepa y más aún sería infantil pensar que no hay otro tipo de amenazas en las fronteras; por lo que es irresponsable realizar un desarme unilateral a cuenta de que las FF.AA. están subutilizadas.
Según las decisiones sucesivas tomadas, se busca transformar a las FF.AA. en una entidad multifuncional, que sean actores claves de la revolución, como se dijo en el Ministerio de Defensa, agentes del Plan del Buen Vivir.
La lealtad y subordinación de las FF.AA., a la primera autoridad que representa el Ejecutivo, no significa formar parte de la agenda política porque las FF.AA. se deben al Estado.
No es solo apoyo complementario de las FF.AA., cuando el Plan Nacional de Seguridad Integral dice que en forma permanente y continua cumplan tareas de prevención del delito, control delincuencial, orden público, en forma discrecional de los ministros, como un aspecto burocrático rutinario y no para situaciones de excepción como prevé la Constitución.
El Ecuador no necesita como otros países guardias de la revolución, porque sus FF.AA. son profesionales y se deben al Estado y a la nación ecuatoriana en su conjunto. No se puede atentar contra la defensa nacional y la estructura del Estado.