Cuando el Ecuador se ve afectado por una caída del precio del petróleo, la política económica tiene que enfrentar problemas en dos frentes: el externo y el fiscal.
Los problemas externos ocurren porque a la economía entrarán menos dólares. Con el precio del petróleo a la mitad de lo que estaba el año pasado, las exportaciones petroleras van a reducirse significativamente y el país en su totalidad tendrá menos divisas.
En un país dolarizado, “menos dólares” significa que podría haber una reducción de los depósitos, lo cual a su vez podría frenar los créditos bancarios. Para evitar eso, lo ideal sería recurrir a los ahorros cuidadosamente guardados por años en el extranjero, pero esa opción no está disponible porque no existen ahorros.
Por lo tanto, hay que buscar soluciones sub-óptimas para dar la pelea del frente externo y lo que se les ocurrió a los actuales responsables no fue otra cosa que “trabar las importaciones”. O sea, trabar la salida de divisas. Es solo cuestión de ver todas las restricciones, cupos, aranceles y salvaguardias que han puesto a las importaciones. Y también está el requisito de que todo dólar que sale del país lo tiene que hacer a través del Banco Central.
Todas esas restricciones son una carga para el sector privado y para los consumidores, y solo las pudieron tomar personas para las cuales la libertad económica es un tema secundario, un tema que puede dejarse a un lado y no un derecho inherente a toda persona.
El segundo frente es el fiscal. Si bien al Presupuesto General del Estado solo se esperaba que lleguen algo más de 3 000 millones, otras instituciones públicas como Petroecuador, Petroamazonas y la Secretaría de Hidrocarburos deberían recibir este año unos 12 000 millones. Eso recibirían si el barril estuviera en los USD 80 presupuestados (pero no lo van a recibir porque está a la mitad). De manera que el sector público en su totalidad va a tener menos plata y eso, en palabras complicadas, es un “problema fiscal”.
Y para enfrentarlo, lo ideal hubiera sido recurrir a ahorros cuidadosamente guardados, pero esa opción no está disponible. Otra opción sería bajar el gasto, pero eso es impensable para quienes aborrecen ideológicamente cualquier reducción del gasto.
Así, a los funcionarios responsables se les ocurrió dos opciones: buscar quien nos preste plata y pasarle obligaciones del sector público al sector privado. De las deudas, basta ver el último viaje a la China y la alegría con la que se anunciaron los nuevos créditos. De las obligaciones que le están pasando al sector privado, basta ver los hospitales privados a los que les amenazan si no reciben a los pacientes del IESS.
El problema es que ninguna de esas soluciones resuelve el problema, sino que lo pasa a otros: a la próxima generación (en el caso de la deuda) o al sector privado (en los hospitales).